¿Qué hizo bien y mal el
panismo en educación?
PEDRO
FLORES CRESPO
Un paso
pa’delante
y un paso
para atrás pero con ganas
Canción,
Juana La Cubana
Este
primero de diciembre concluye no sólo el gobierno de Felipe Calderón, sino
también una etapa en la vida democrática de México. Dejará de encabezar el
gobierno federal Acción Nacional (PAN) para darle paso al Partido
Revolucionario Institucional (PRI). ¿Qué herencia dejó el panismo en el sector
educativo? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? ¿Qué falta por hacer? Trataré de
responder a estas preguntas haciendo una selección de temas que juzgo clave y
además, tomando en cuenta el periodo comprendido del año 2000 al 2012.
Alarmismo
y aciertos
El 2000
generó esperanzas de cambio político, por un lado y preocupaciones, por otro. A
los que esperábamos una transición con signo distinto, nos alertaba que el
gobierno encabezado por Vicente Fox, un empresario y ferviente católico,
perdiera de vista la distinción entre sus creencias personales y el ejercicio
del poder. Augurábamos que la “derecha” iba a tomar las escuelas y la religión
barrería con la laicidad. Nos equivocamos. Hasta donde sé, no hubo iniciativa por
parte del Ejecutivo Federal para enseñar la vida de los santos en las escuelas
públicas. Los datos, además, demuestran que la mayoría de los estudiantes sigue
concentrada en el sector público. 87 de cada 100 educandos realiza sus estudios
en una institución pública y tal porcentaje no ha variado significativamente
desde el año 2000.
Aparte
del tino preservar la laicidad, los gobiernos del PAN se diferenciaron de los
priístas por tratar de impulsar la construcción de información independiente
sobre el desempeño del Sistema Educativo Nacional (SEN). La creación, en 2002,
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue otro
acierto de la transición democrática. En el nivel básico, ahora tenemos mejores
referentes para juzgar la calidad de la educación. Incluso, la prueba Enlace
(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), que fue ideada
antes de 2006, fue un paso en la dirección correcta. Con Enlace, ahora los
padres de familia contamos mayor información sobre el desempeño escolar para
reflexionar y discutir, de manera más fundamentada, qué alternativas tomar para
que nuestros hijos aprendan más y mejor.
Pero el
paso hacia adelante en materia de evaluación educativa pronto se vio
obscurecido por una corta y distorsionada visión. Los resultados de la prueba
Enlace y de otras evaluaciones como PISA (Programa Internacional para la
Evaluación del Estudiante) fueron vistos como fines en sí mismos, acarreando un
sobre uso de la información. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, por
ejemplo, estableció como meta alcanzar un determinado puntaje en PISA sin
meditar que se puede llegar a ese horizonte por diversos caminos que en poco o
en nada tienen que ver con el aprendizaje. Como resultado del mal uso de
información, ahora enfrentamos el reto de hacer que los resultados de las
pruebas de logro escolar vuelvan a ser socialmente valorados y para ello, el
próximo gobierno tendrá que asegurarse que los resultados obtenidos por los
niños y jóvenes sean reflejo del trabajo académico continuo y no del
entrenamiento temporal para pasar la prueba o del chanchullo de comunidades
escolares o autoridades educativas. Enlace es un claro ejemplo de cómo en
México podemos convertir algo valioso en trivial.
Otro
acierto de las administraciones panistas fue la atención que le prestaron a la
educación media superior. En 2005, se reestructuró la Secretaría de Educación
Pública (SEP) para dar lugar a la Subsecretaría de Educación Media Superior
(SEMS) y en 2008, se anunció y puso en marcha, la reforma integral de ese
nivel. Derivado de la preocupación social y gubernamental por el bachillerato,
éste se volvió obligatorio en 2011. Todos estos cambios seguramente van a
marcar el desarrollo del sistema educativo nacional en los próximos años y aquí
el gobierno entrante tendrá que asegurar que la obligatoriedad del bachillerato
ocurra bajo condiciones de pertinencia y equidad.
Como
puede observarse, al contrario de hace 12 años, ahora tenemos una plataforma
política e institucional mucho mejor cimentada para impulsar cambios en el
bachillerato, un reforma que aun con sus limitaciones, allanó el camino para el
desarrollo de este nivel. Por si esto fuera poco, el INEE dio a conocer en 2011
el Panorama Educativo de México que por primera vez, integró indicadores para
tener una “imagen comprensiva” de las condiciones y desempeño del Subsistema de
Educación Media Superior. No hay pretextos entonces para que el próximo
gobierno no le imprima mayor efectividad a las políticas del bachillerato
mexicano.
En
resumen, reconocer la función de la laicidad en el sistema educativo, tratar de
construir información independiente sobre el desempeño del sistema educativo y
la atención política prestada al bachillerato mexicano pueden considerarse como
aciertos de las administraciones panistas que tienen —y tendrán— consecuencias
positivas para el desarrollo educativo de México. Pero como la crítica no
solamente se compone de resaltar lo bueno, sino también de apuntar lo malo, a
continuación expondré los errores que juzgo más graves de las dos
administraciones panistas.
Errores
como lección a futuro
Aunque el
Programa Nacional de Educación 2001-2006 (Pronae) presentaba un puntual
diagnóstico del sistema educativo, exponía una visión a largo plazo y delineaba
un “pensamiento educativo” que marcaría el rumbo de las políticas educativas,
el gobierno de ese entonces – como el actual – se quedó corto pues se abocó a
introducir programas a diestra y siniestra en lugar de definir los problemas
correctamente para entonces diseñar políticas consistentes. Incluso se llegó a
decir que el programa de Enciclomedia, por ejemplo, tendría que llegar a ser
una “política de Estado”. Queríamos curar el cáncer con aspirinas. La falta de
visión para emprender cambios estructurales en el sistema educativo fue
patente.
¿Qué
tenemos ahora? Fuertes cuestionamientos a Enciclomedia por razones
administrativas y pedagógicas, así como malos resultados en la implementación
del programa que la suplió: Habilidades Digitales para Todos (HDT). En este sexenio
se prometió tener conectividad en 155 mil aulas y sólo se logró un cumplimiento
de dos por ciento de esta meta. La ineficiencia y el hecho de pensar que un
programa es suficiente para introducir cambios significativos en la educación
del país es un error que el próximo gobierno podría evitar. Hay experiencia
acumulada para proceder distinto.
Pero la
transformación del sistema educativo de México no sólo implica plantear el
problema en términos correctos y formular una buena agenda educativa que incluya
políticas consistentes, requiere también identificar los rasgos de una
estructura de oportunidades políticas. El presidente Felipe Calderón, al pactar
con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pasó
por alto que en la actualidad, el clientelismo no puede en combatirse con
acuerdos corporativos. Querer erradicar la herencia y venta de plazas para
ingreso al servicio docente por medio de una forma centralista y vertical dañó
al gobierno, benefició a la dirigencia sindical en su supuesta imagen
“progresista” y resultó ser una burla para los maestros. A cuatro años de
haberse iniciado el Concurso Nacional para Plazas Docentes (CNPD), hay 15
estados que no han asignado más de la mitad de plazas que fueron concursadas.
Baja California Sur, por ejemplo, no ha otorgado ninguna plaza y en algunos
casos, no se ha respetado el orden de prelación. El mérito, por lo tanto, ha
brillado por su ausencia.
A este
respecto, si el próximo gobierno priísta desea actuar con un compromiso
público, podría empezar por emprender cuatro acciones. Uno, promulgarse por el
derecho de todos los niños por tener maestros altamente calificados, lo cual,
es imprescindible para elevar la calidad de la educación. Dos, discutir
públicamente con los gobiernos estatales unos nuevos lineamientos para
participar en el concurso que permitan dar entrada a cualquier profesional
calificado para cultivar la inteligencia de la niñez mexicana. Tres, persuadir
a los legisladores para que se modifique el marco regulatorio para el
otorgamiento de las plazas. En este proceso, las organizaciones civiles podrían
continuar con su ejemplar función de vigilancia y cabildeo. Y cuatro, convocar
a un grupo de especialistas de la educación para rediseñar e introducir
esquemas integrales de evaluación docente. Sobre este tema, ya se cuenta con
conocimiento acumulado y diversas propuestas valiosas.
Otra
deuda pendiente —y por lo tanto, falla— de los gobiernos de la transición fue
el combate al rezago educativo, el cual se compone de la gente que no sabe leer
ni escribir (analfabetas) y de las personas que no han terminado la primaria y
la secundaria. En 2001, se reportaba que México tenía 32.5 millones de personas
en esta terrible situación de desventaja. Más de una década y dos gobiernos no
fueron suficientes para reducir significativamente el número de personas en
rezago educativo. El Sexto Informe de Gobierno informa que sigue habiendo más
de 31 millones de personas en rezago y aquí lo más grave es que la población
que no ha concluido la secundaria va en aumento. En 2001, eran 14 millones de
individuos y para 2007 y 2012 ese número ascendió a 15.7 y 16.4 millones,
respectivamente.
Pero
aparte del mal funcionamiento de la secundaria mexicana, existe otro agravante
en relación con el rezago educativo. El financiamiento a esta modalidad
educativa durante el periodo de la transición democrática ha sido mínimo y, más
grave aún, ha ido disminuyendo. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE)
hizo notar que mientras que en 2003 se destinaba 0.04 por ciento del PIB a la
educación de jóvenes y adultos, para 2007 este porcentaje había sido
ligeramente menor (0.03).
Para
abatir el rezago educativo, es evidente que se requiere actuar distinto. En
primer lugar, se necesita sensibilizar a la opinión pública de que el rezago es
una deuda social inaplazable. Esta sensibilización tendría que impulsar un
intenso cabildeo para que se le otorguen más recursos a la educación de jóvenes
y adultos. En segundo lugar, habrá que impulsar políticas orientadas a mejorar
sustancialmente el funcionamiento de la secundaria mexicana. Pareciera que la
reforma emprendida desde 2004 fue insuficiente y aún no es claro si la Reforma
Integral de la Educación Básica (RIEB) emprendida en este sexenio podrá mejorar
significativamente los aprendizajes de los jóvenes. Requerimos evidencia para
discutir cómo rectificar el rumbo o de otra manera, el rezago educativo,
seguirá creciendo. En tercer lugar, habría que analizar los procesos de
implementación de los programas de alfabetización, que aún cuando han mostrado
ciertas ventajas, no están dando los resultados esperados. “Un México sin
alfabetismo” podría ser una buena bandera política del gobierno entrante.
PRI:
¿hacia dónde?
A
algunos, la llegada del PRI al gobierno federal nos vuelve a poner inquietos y
en un estado de alerta. Quizás no sea para menos; la historia nos concede
razón. Sin embargo, las lecciones mencionadas arriba no son menores ni
insignificantes para no tratar de impulsar un cambio verdadero en el sector
educativo. Ya sabemos que no tenemos que perder de vista la compleja
combinación de factores para plantear correctamente el problema. Renunciaríamos
a la democracia si dejamos de cuestionar un plan educativo sin un diagnóstico
preciso, sin pensamiento educativo y con una oferta de programas amplia como si
por cada problema identificado habría una simple solución.
Estaríamos
“documentando nuestro pesimismo” si no se delinea una estructura de
oportunidades políticas en la implementación del plan nacional de educación y
si se recurre a los estilos de gobierno centralistas, cerrados y bilaterales.
La evidencia muestra que esta forma de gobierno le salió muy caro al gobierno
de Felipe Calderón. Sus aliados para impulsar el cambio educativo le quedaron
mal y ahora hay que pagar las consecuencias dejando el poder, ¿por qué el PRI
tendría que intentar lo mismo?
Finalmente,
pienso que tenemos enfrente una oportunidad de construir un esquema de
gobernabilidad dentro del sector educativo que sea plural, que sea capaz de
procesar los conflictos —constantes en una democracia —, imprimirle eficiencia
a las políticas y beneficiar a la mayoría. El reto político e institucional es
grande. ¿Estará el gobierno priísta a la altura de estas demandas? Por el bien
de todos, espero que así sea.
*Profesor-investigador
de la UIA.
