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jueves, 20 de diciembre de 2012


Gordillo salta: rechaza reforma educativa por ir contra voluntad de maestros
LA REDACCIÓN

MÉXICO, D.F. (apro).- Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rechazó hoy la reforma educativa aprobada en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, advirtió que ninguna reforma será exitosa si va en contra de la voluntad de los profesores.

La reforma educativa establece que los profesores tendrán que someterse a una evaluación de conocimientos para permanecer en el sistema educativo, aunque respeta los derechos adquiridos de los actuales mentores.

Gordillo sentenció que el SNTE no permitirá que se atropellen los derechos de sus agremiados, e insistió que no aceptarán que se evalúe la permanencia de los profesores mediante exámenes.

“Esta organización no va a permitir que se atropelle el mínimo derecho o mínimo agravio de los profesores”, indicó Gordillo.

El nuevo sistema “representa una amenaza y no una forma de que el profesor pueda mejorar”, afirmó la lideresa.

Advirtió que el magisterio no permitirá la amenaza ni la coerción para los maestros, en relación a la vinculación de la permanencia de las plazas con evaluaciones. “A los maestros no se les amenaza, a los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores”, mencionó.

“Sí a la calidad de la educación, sí a la excelencia, sí a la educación laica, popular, gratuita y nacional, pero no a la privatización de la educación”, dijo.

Elba Esther reiteró que los profesores están por la excelencia educativa, pero en contra de la privatización de la educación, sea simulada o abierta.

“No estamos de acuerdo en que se haga una ley para quedar bien con unos partidos”, por lo que “asumo la responsabilidad de decir que no; ese es mi papel”, sentenció. Publicado en Proceso

Entre reclamos y gritos aprueban diputados reforma educativa
JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- Entre reclamos, gritos y actitudes autoritarias del presidente de la Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo Vieyra, la Cámara de Diputados aprobó con  421 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones, la reforma educativa que modifica los artículos 3 y 73 constitucionales.

El PRI cedió primero a las presiones del sindicato de maestros aceptando que la evaluación de los profesores se realice “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, después aceptó la propuesta del PAN para que los miembros del Instituto de Evaluación –que será creado a partir de la reforma– sean electos por el Senado de una terna que envíe el Ejecutivo federal. Con estos dos cambios se destrabó finalmente la discusión y aprobación de la reforma educativa.

Un cambio más que el pleno de la Cámara de Diputados realizó a la reforma del Ejecutivo es que para los planes educativos de preescolar, primaria, secundaria y normal “se tome en cuenta la opinión de los 31 estados de la República, el Distrito Federal, así como de diversos sectores involucrados en la educación, en especial los padres de familia, en los términos que la ley señale”.

El encargado de destrabar la reforma fue el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien desde mediodía se mantuvo cabildeando con los coordinadores de PRD, Silvano Aureoles, y del PAN, Luis Alberto Villarreal.

Antes de que la Cámara pretendiera discutir la reforma, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, declaró públicamente que todo aquel maestro que no apruebe la evaluación será despedido; esto alertó a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien mediante los 10 diputados del Panal, empezó a reclamar cambios, lo que motivó –además de la posición del PAN–, que se retrasara la discusión programada para el martes pasado.

Desde el mediodía del martes, el Partido Nueva Alianza se refirió al absurdo de condicionar “la permanencia” de un maestro a la aprobación de una evaluación si antes no era capacitado. Este reclamo retrasó en primer término la discusión.

Para zanjar el obstáculo, Beltrones Rivera se reunió el mediodía del miércoles en las oficinas de basamento del partido Acción Nacional, tanto con el coordinador del PAN como con el del PRD. A las cinco de la tarde, finalmente se empezó a discutir la redacción de adhesiones como la frase “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, presentó varias propuestas, las llevó a la curul de Beltrones Rivera y desde ahí fueron tachadas, rayadas y modificadas para quedar como una posición de todos los miembros de la Comisión.

El pleno avaló así la propuesta de la Comisión que deja a salvo los derechos de los maestros, a quienes la maestra Elba Esther Gordillo les promovió una plaza o un ascenso.

Además del Panal, el PAN desde el Senado de la República presionó para que el método de elección de los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Ecuación fuera de manera similar a los magistrados de la Corte y no como lo planteaba el Ejecutivo Federal en donde el Senado únicamente “ratificaría” a quien se designara.

Los senadores del PAN demandaron que por cada lugar en el Instituto, el Ejecutivo federal envíe una terna de la cual elegirán a uno con una votación calificada de dos terceras partes de los presentes. La presión fue asumida por los diputados de este partido, ante quienes finalmente el PRI cedió y, por consiguiente, avalada por mayoría en el pleno.

Por lo que se refiere a las propuestas de los partidos PT y MC, todas fueron rechazadas.

La intolerancia

Luego de fijar las posiciones de cada uno de los partidos, el procedimiento legislativo y según el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados se deben enlistar seis diputados para hablar en contra y seis a favor, al término de ello se somete a votación en lo general la reforma.

Desde el martes, el diputado por el PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se enlistó para hablar en contra de la reforma, sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo Vieyra se negó a darle a palabra, lo que motivó un jaloneo en plena Mesa Directiva, protagonizado por los propios priistas.

Por haber sido de los primeros en anotarse, al diputado Manuel Huerta le correspondería el lugar uno o dos para hablar en contra, incluso así se lo comentó desde temprano al coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pero cuando ya habían hablado dos en contra, pidió la palabra para reclamar, pues se había enterado que lo pusieron en el número cinco de la lista. Arroyo Vieyra le dijo que más adelante lo dejaría hablar.

Pero para sorpresa de muchos diputados, al contabilizarse tres oradores en contra y tres a favor, el presidente de la mesa cerró la discusión y sometió a votación en lo general la reforma.

Lo anterior generó malestar entre los diputados de MC y del PT, en particular de Huerta, quien subió hasta el estrado de la Mesa Directiva. Primero increpó al priista, quien empezó a leer los artículos y párrafos reservados, en tanto que el tablero para la votación en lo general estaba abierto por cinco minutos.

Luego le reclamó: “¡No tienes palabra!”, a lo que Arroyo Vieyra respondió elevando el tono de la voz al enunciar las reservas. Como el micrófono estaba abierto se podía escuchar que el diputado Huerta le explicaba una y otra vez que estaba violentando el reglamento, el cual en su artículo 104 define a seis oradores a favor y seis en contra.

Arroyo Vieyra no lo tomaba en cuenta, lo que provocó la permanencia del petista. Esto asustó al cenecista Rubén Escajeda Jiménez, quien subió a la Mesa Directiva y casi abraza a su compañero Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa. La protección a un peligro inexistente se extendió a otros prisitas, en total cuarenta subieron y se colocaron a las espaldas de su compañero de partido.

Desde el siguiente nivel, el perredista Javier Orihuela defendía el derecho de Huerta a demandar y reclamar. Esto provocó que diputados del MC y algunos del PT también acudieran hasta el área central del pleno. Todos rodeaban a Arroyo Vieyra. Desde las curules, las diputadas priistas que el 1 de diciembre, distinguidas con una chalina roja formaron una valla que impedía a la oposición llegar a Enrique Peña Nieto, se alertaron entre ellas.

“Vamos chicas superpoderosas, a ayudar a nuestro presidente…nos dormimos pero ya vamos”, se gritaban unas a otras, sin embargo, desde la curul de Beltrones Rivera se les hicieron señas para que se tranquilizaran, y lo mismo al cenecista.

El petista bajó de la Mesa Directiva tan tranquilo como subió. Se dirigió a su curul y hasta allá fue Beltrones Rivera para tratar de calmar los ánimos de los petistas e integrantes del MC, quienes estaban molestos por la actitud intolerante y avasalladora de los priistas.

“Si todo lo van a aprobar como ellos quieren, para qué acuden a rudeza innecesaria”, comentaron. Y sí, la aplanadora del PRI, PAN y PRD logró que la reforma de Peña Nieto, con algunos cambios, fuera avalada en contra de PT, MC y algunos perredistas. Sólo la propuesta panista en el método de elección de los miembros del Instituto fue respaldada por los petistas y MC. Publicado en Proceso


Afectan a escolares los bajos sueldos de sus padres
Notimex

Chicago, 19 de diciembre. Los salarios más altos en los hogares de Chicago están vinculados con mejores resultados en los exámenes, tasas de graduación, y la admisión a la universidad de estudiantes de escuelas públicas, según un estudio difundido hoy.

El informe de organizaciones laborales dijo que un padre de familia promedio tendría que obtener un ingreso anual de 35 mil 859 dólares, equivalente a 17.24 dólares por hora de un trabajador empleado a tiempo completo para satisfacer sus necesidades.

Esta cantidad significa más del doble de los ingresos que perciben a la fecha muchos trabajadores de bajos salarios, empleados en la industria de restaurantes y comercio al por menor de la ciudad.

La investigación fue patrocinada por el Sindicato de Maestros de Chicago y Stand Up!, y difundida por representantes de un grupo de organizaciones que apoyan la campaña Peleando X 15.

El análisis denominado Lucha por el futuro: ¿cómo los bajos salarios están afectando a los niños en las escuelas de Chicago? detalla los efectos de miseria que las percepciones salariales tienen en los resultados educativos de los estudiantes de la ciudad. Publicado en La Jornada


No se cesará a maestros que ya tienen plaza, aun si reprueban la evalauación
Aprueban en San Lázaro la reforma educativa, con privilegios al SNTE
La ley reglamentaria fijará criterios y condiciones para el ingreso, promoción y permanencia

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Cámara de Diputados aprobó anoche reformas a los artículos 3º y 73 de la Constitución por las cuales se establece un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial. Sin embargo, ante las presiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se aceptó que los maestros que ya poseen una plaza no serán despedidos, aun cuando no aprueben la evaluación.

Después de dos días de negociaciones, los partidos aceptaron que en la redacción del artículo 3º se incluyera que la permanencia en el servicio profesional será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, frase que no estaba incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

En dicho artículo se incluyó que la ley reglamentaria fijará criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia.

El Panal defiende a Gordillo

Esa definición generó controversia entre los grupos parlamentarios y sólo el de Movimiento Ciudadano hizo referencia a que el rezago educativo de los 24 años recientes, así como el viraje en la reforma, son atribuibles a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Elba Esther Gordillo no es la responsable. Permitir que esta reforma se direccione contra los maestros debe ser considerado una falacia, respondió Luis Antonio González Roldán (Panal).

A pesar de la presión que cabilderos de refresqueras y fabricantes de frituras ejercieron sobre diputados de todos los partidos en el restaurante Los Cristales, la Cámara dejó sin cambios la obligación del gobierno federal –incluida en el artículo quinto transitorio– de prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Una vez que la Cámara reculó en la disposición de que los maestros que reprobaran la evaluación a cargo del autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no podrían continuar dando clases, el diputado Víctor Nájera (PRD) definió: El Ejecutivo no se quiso echar un tirito con el SNTE, pero tampoco con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

El pleno aceptó una modificación propuesta por el PAN para que los integrantes de la junta de gobierno del INEE sean propuestos por el presidente de la República por ternas, en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la publicación del decreto de reforma.

Se agregó un párrafo cuarto al artículo segundo transitorio para que la primera junta de gobierno surja de cinco ternas, de las cuales se eligirá a los integrantes de ese órgano.

A propuesta del PAN se incluyó que además de evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en prescolar, primaria, secundaria y media superior, el INEE también revise la calidad de la enseñanza.

El debate alcanzó niveles de rispidez porque aun cuando estaba inscrito en el segundo turno para hablar contra el dictamen, el presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), se brincó al petista Manuel Huerta y lo dejó fuera.

El priísta ordenó que se abriera el tablero para votar el dictamen en lo general e inició la lectura de las reservas. Mientras lo hacía, Huerta subió hasta la mesa directiva para increparlo.

De inmediato, un grupo de priístas, encabezados por Cesario Padilla, líder cañero de Jalisco, llegaron a proteger a Arroyo Vieyra y desplazaron al diputado petista. Padilla lo empujó e inició un jaloneo entre ambos.

Javier Orihuela –maestro de Morelos e integrante de la CNTE– trepó a una curul en la secretaría para cuestionar a Arroyo Vieyra, pero Gerardo Liceaga, comentarista de Televisa, se interpuso para que el legislador del PRD no continuara con su protesta.

¡Qué pena, qué pena!, reprochó Manuel Huerta cuando lo dejaron usar la tribuna para presentar una reserva –que fue desechada– y fue abucheado por el Bronx priísta.

A pesar de la modificación al dictamen, diputados de PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal calificaron la reforma de revolucionaria, porque, argumentaron, el Estado mexicano recuperará el control del otorgamiento de plazas para que su manejo no dependa más de intereses particulares.

Por el PRI, la diputada Alejandra de Moral sostuvo que la reforma rompe paradigmas, porque se trata de reafirmar la supremacía del Estado mexicano respecto de cualquier otro interés. De poner en orden la casa.

La modificación constitucional, agregó, tiene tal respaldo que el gobierno de Gabino Cué, identificado con Andrés Manuel López Obrador, se adhirió a la decisión de que el ingreso y promoción de los maestros tenga rango constitucional y esté condicionado a la evaluación.

Después de que el pleno desechó una moción suspensiva de su bancada, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, se refirió de manera tangencial a la influencia negativa del SNTE en la educación.

Sin nombrarlo, expuso: “En ninguna parte del mundo un sindicato maneja obras, tiene negocios, impone directores, secretarios de Educación y funcionarios de la administración educativa, ni forman imperios. Pero eso no se toca.

“Sólo se intenta dar un coscorrón a la cúpula sindical, pero se le dice: ‘te dejo con vida’. Porque esas son las viejas consignas del viejo sistema, que vemos restaurar.”

Monreal lamentó que la educación nacional sufra por la deserción, la pésima alimentación de los alumnos, la venta de comida chatarra, que no se ha eliminado por los intereses millonarios de las empresas. México, dijo, es el último lugar en expectativa de graduación del bachillerato y la educación superior.

Y por si fuera poco, hay que lidiar con una cúpula sindical que absorbe una cantidad de recursos sin transparentarlos, sin democracia ni compromiso con la educación, expuso.

Reparto de culpas

Después, el debate entre los legisladores rondó sobre las deficiencias de los maestros, las pugnas por el control del sindicato y las movilizaciones.

Ruth Zavaleta, ahora diputada por el PVEM, afirmó: Esta es la reforma de la reconciliación. ¡Basta de buscar culpables en los maestros! Responsables somos todos, pero sobre todo los legisladores. ¡No es justo estar ninguneando a los maestros!

Roberto López González (PRD) afirmó que “tan pernicioso es el poder del SNTE como el de la CNTE. Tan pernicioso es que inspectores y directores formen parte de un grupo, como que a otros se les permitan atropellos, fechorías, en virtud de su sagrado derecho de expresarse. ¿Quién no lamenta las escenas tristes de Oaxaca tomado y el Centro Histórico destruido?”

El panista Fernando Rodríguez sostuvo que la reforma permitirá que nunca más un profesor no preparado esté frente a un salón de clases; que nunca más una plaza de maestro se compre o se herede; nunca más la educación esté secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas.

No obstante, la ex alcaldesa de Huajuapan de León, Oaxaca, Gloria Bautista (PRD), resaltó que aunque la reforma parece inofensiva, va contra los amparos obtenidos en febrero para no someter a los maestros a la evaluación, sobre todo “pasa por encima de la contratación colectiva; eleva a rango constitucional un golpe para derogar de facto el ingreso y la permanencia en el trabajo”.

En el colofón de las posturas, el diputado Luis Espinoza Cházaro (PRD) utilizó la frase de una de las campañas de Televisa para defender el dictamen: Que nos recuerden porque tuvimos el valor. Publicado en La Jornada


Da Elba un NO a la reforma educativa
HÉCTOR ROJAS

En un pronunciamiento con medios de comunicación la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que se opondrá a toda reforma que “amenace” con despedir a los maestros que obtengan malos resultados en sus evaluaciones.

No puede ser la evaluación la que permita o no permanecer en el servicio docente porque la educación no es un proceso sencillo, es un proceso en el que intervienen muchos factores, fue la postura del gremio magisterial.

A los maestros no se les amenaza, a los maestros no se les dice: “Si no cumples se te hace daño”, a los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores, se les estimula, por eso se habló de un salario profesional al desempeño docente, todo eso estaba previsto, aseguró la líder del magisterio mexicano.

En conferencia de prensa, Gordillo Morales, dejó claro que no se trata de defender a una persona o a una dirigencia sindical en particular, sino de defender los derechos de los trabajadores de la educación, aseguró.

“Si yo soy la que estorba, hagan de mí lo que quieran, pero ningún medio va a destruir al SNTE. Estamos en pie de lucha”, aseguró enfática la dirigente del gremio magisterial.

Asimismo, Gordillo Morales, aseguró que esta iniciativa firmada por las tres principales fuerzas políticas del país a través de el Pacto por México, no tomó en cuenta a los maestros.

Una reforma de “alto calado” pasa por revisar las normales, la capacitación de los maestros y mejorar los salarios de los docentes, reprochó Gordillo a los legisladores mexicanos, pues en cada estado del país, hay más de 20 escuelas normales “patito”, aseguró.

Lo anterior, pues de acuerdo con la líder del magisterio, la reforma de las escuelas normales es urgente, debido a que en el país hay más de 100 mil maestros que son licenciados en pedagogía y no tienen plaza.

No obstante, Gordillo, aseguró al igual que hace unos días el secretario general del gremio, Juan Díaz de la Torre, que la propuestas de la Reforma Educativa, fueron en gran medida propuestas que hizo el propio SNTE.

“La ley que hoy se ha debatido y se debate en el Congreso y que se reglamentará, no es otra cosa que legalizar los acuerdos que con el gobierno anterior se tuvieron a propuesta de este gran Sindicato”, aseguró la dirigente del magisterio.

Aunque acotó que en el gremio docente, más que apoyar una reforma, impulsan un cambio estructural y de “alto calado” para la educación en México, por lo que aseguró, el SNTE no está buscando ni guerra, ni pleito.

La pregunta de fondo, planteó Gordillo, es: “¿Qué ciudadanos tenemos que formar en la era del conocimiento, en la era de que los paradigmas tradicionales se están transformando, el concepto de familia se transforma, el hombre y la mujer tienen que salir a trabajar y no porque quiera, sino por necesidad?”

Por ello, cuando el presidente Enrique Peña Nieto afirma que quiere “que el Estado recupere sus facultades y realmente sea el rector de la educación. No nos queda más que felicitarlo y congratularnos”, aseguró Gordillo

El acto lo aprovechó Gordillo Morales, para presentar la toma de nota que da a la cúpula del SNTE “legitimidad y representatividad legal y jurídica”, mencionó.

En cuanto a los pasos a seguir, luego de que los diputados aprobaran en lo general la iniciativa de Reforma Educativa, Gordillo Morales, dijo que el SNTE lo iban a discutir, por lo pronto aseguró: “el proceso educativo no es responsabilidad de los maestros”.

Y agregó: ”somos actores importantes, y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia”.

Finalmente, el gremio magisterial dijo estar de luto debido al asesinato de 20 niños y 6 adultos en la escuela Sandy Hook, de Newton, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, por lo que leyeron un pronunciamiento ante estos acontecimientos. Publicado en Educación a debate

¿Cómo remplazar a los malos maestros por los buenos?
OTTO GRANADOS

La reforma educativa propuesta por el Presidente tiene como componente principal establecer ciertas bases para crear un servicio profesional docente.

En las últimas décadas ha habido varios intentos de profesionalizar la carrera magisterial y aislarla de la determinante influencia del sindicato; ahora mismo hay iniciativas congeladas en el Congreso federal en el mismo sentido, cuyo espíritu recoge la nueva iniciativa presidencial en un tono conciliatorio.

Por ejemplo, subraya que “quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado imparte tendrá garantizada su permanencia” en los términos que establezca la legislación respectiva. Deja margen a ciertas excepciones al señalar que la evaluación considerará “la complejidad de circunstancias” en que se desempeña el docente y, declaración no menor, prevé que, durante la evaluación, “en los casos en que haya debilidades los maestros deberán, prioritariamente, encontrar el apoyo del sistema educativo para superarlas”, una especie de periodo de gracia usualmente incluido en otras reformas en el mundo.

Sin embargo, si bien dicha declaración es razonable, es probable que en su instrumentación afloren problemas prácticos concretos, el principal de los cuales es cómo reemplazar a los maestros que de plano sean insostenibles.

Hagamos un ejercicio. En la actualidad, según datos de la SEP, hay unos 579 mil docentes de primaria, de los que alrededor del 90 por ciento trabaja en la escuela pública. De este último universo presentaron la evaluación universal de 2012 cerca de 265 mil docentes y directivos de los que casi 99 mil (37%), en el argot de la SEP, “necesitan trayecto formativo urgente” o, en buen castizo, son incompetentes para impartir clases.

Pues bien, de acuerdo con la nueva iniciativa presidencial, algunos de los que salgan con ese tipo de resultados quizá serán despedidos (y defendidos por su sindicato) pero otros deberán ser apoyados para superar sus debilidades. Si en el futuro la evaluación es obligatoria, universal y vinculante para esos 579 mil docentes de primaria y reprueba un porcentaje similar (37%, equivalente a 214 mil maestros) una proporción entrará al periodo de gracia para mejorarlos pero ¿de dónde reemplazar al resto si hoy la matrícula total en las normales es de sólo 129 mil alumnos? ¿De dónde se cubrirá el déficit para ese nivel y para el resto de la educación básica? ¿Qué asegura que los que hoy estudian en las normales aprueben los concursos de ingreso a la carrera docente y sean mejores que los que ya están en servicio?

En suma, para que tenga éxito el servicio profesional docente será crítico promover una batería de decisiones como una nueva reforma de las normales, la contratación de profesores hoy inactivos, la atracción de otros profesionales a la carrera docente y un paquete salarial y de prestaciones más atractivo que en otros empleos que represente un verdadero plan de vida y carrera para esos nuevos maestros.
 og1956@gmail.com
 Publicado en La Razón

De focos y silencios en la propuesta de reforma
GUADALUPE ALBORES

La llamada reforma educativa que Enrique Peña Nieto anunció en su toma de posesión avanza a pasos agigantados. Hasta ahora, la reforma anunciada se circunscribe a los cambios propuestos a los Artículos 3º y 73 de la Constitución. El peso de iniciativa presidencial ha quedado mostrado en la celeridad con que ha sido aprobada en lo general este miércoles.

Con excepción de algunas modificaciones y reservas de los partidos, el centro de las propuestas se mantienen casi en su totalidad. Se trata de cambios sustantivos en la manera de concebir la relación entre el Sistema Educativo y el magisterio. El documento de la iniciativa es pródigo en la centralidad que otorga a los docentes en el proceso educativo pero carente de construcciones conceptuales que permitan comprender la importancia que se otorga al trabajo docente como responsable exclusivo de la llamada calidad educativa que constituye el leit motiv de la Reforma.

El documento de la iniciativa reconoce que “el proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores (…) No obstante, es innegable que el desempeño de los docentes es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante”. A partir de esta premisa, insuficientemente desarrollada, se proponen cambios y adiciones al artículo Tercero constitucional para establecer las bases del servicio profesional docente mediante procesos de evaluación.

Esta propuesta ha generado la expresión de beneplácito de diversos sectores ante lo que se lee como la recuperación institucional del control laboral del magisterio de educación básica. Hay razones suficientes para suscribir la propuesta de frenar la injerencia y peso que el sindicato ha tenido por décadas en la operación del la educación básica y normal de México, sin embargo, lejos estamos de asomarnos a una real intencionalidad de cambios estructurales que atiendan de manera integral la situación educativa que esta administración hereda.

En el documento de iniciativa de la reformará al Artículo 3º y en el llamado “Pacto por México”, los silencios sobre otros temas urgentes en educación llaman a revisar esta centralidad puesta en los docentes, como si los procesos educativos que desarrollan ocurrieran en la soledad de la isla de Robinson Crusoe.

Vale la pena recordar entonces que, además de las relaciones de poder que lo caracterizan, el Sistema Educativo mexicano es un imbricado tejido de estructuras institucionales creadas con el propósito de fortalecer el trabajo de los docentes y las escuelas. Ahí están los grandes aparatos burocráticos de las Secretarías de Educación federal y estatales, a los que hasta ahora, nadie demanda rendición de cuentas ni de recursos económicos y humanos, mucho menos de los resultados de las políticas dirigidas a escuelas públicas y privadas.

En los estamentos intermedios de este Sistema, se encuentran decenas de Programas dirigidos hacia los docentes y las escuelas, a los que se asigna numeroso personal y recursos económicos. Si bien algunos de ellos han publicado las evaluaciones de sus resultados, habría que empezar a discutir sus efectos en las escuelas y las muchas tareas que significan para el trabajo docente.

Nada se dice tampoco sobre la figura clave para el apoyo a las escuelas y el trabajo docente del Asesor Pedagógico, sobre la cual hay décadas de reflexión y discusión sin que hasta ahora se logren definiciones fundamentales para dotarla de condiciones adecuadas para su desarrollo.

La formación inicial y continua es otro de los grandes territorios silenciados en esta propuesta de reforma. Así, se propone evaluar los desempeños de los docentes, cualquier cosa que esto signifique, pero no los procesos e instituciones a través de las cuales son formados por el propio sistema educativo. La propuesta de certificar a jóvenes egresados de las escuelas normales por el Instituto de Evaluación, refrenda la tradición de crear nuevas estructuras institucionales en lugar de transformar y mejorar las que existen, como es el caso de las Instituciones responsables de la formación inicial.

Sobre la formación continua la propuesta de reforma constitucional señala que “… en los casos en que haya debilidades (en la evaluación) los maestros deberán, prioritariamente encontrar el apoyo del sistema educativo para superarlas. En tal sentido, será preciso reforzar el acompañamiento que los docentes requieren en las escuelas así como los demás elementos que favorecen su formación continua”.

Más de una década le llevó a México construir la estructura institucional para la formación continua de maestros que incluyó la creación de centros de maestros, bibliotecas y programas de formación continua articulados con el curriculum de educación básica, menos de seis años fueron suficientes para desmantelar mucho de lo construido. De ahí que, si de evaluaciones se trata, resulta muy deseable que la nueva administración la aplique a la política de subrogar la formación continua a diversas instituciones de Educación Superior y a sus formas y contenidos.

Algunas interrogantes que vale la pena plantear en este tema: ¿Qué resultados se han obtenido de estas nuevas formas de ofrecer formación a los maestros? ¿Cómo funciona y operan las instancias responsables de esta tarea? Y, como alguna vez se preguntó Rosa María Torres, ¿qué formación es necesaria y para qué modelo educativo?

Debatir las prácticas de gestión institucionales y fortalecer los procesos de acompañamiento y de formación a las escuelas y maestros constituyen grandes retos del sistema educativo, hasta ahora zonas silenciadas en los debates recientes. Un movimiento de los reflectores hasta ahora fijos en la figura docente es necesario y urgente si de reforma educativa hablamos.
Publicado en Educación a debate

Diputados enmiendan la plana a EPN; no se acaban plazas vitalicias
RUBÉN ÁLVAREZ MENDIOLA

Análisis de la información.- Al modificar la redacción del artículo Tercero constitucional para aclarar que la permanencia en el servicio profesional será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, la Cámara de Diputados enmendó la plana al presidente Enrique Peña Nieto, quien en su discurso inaugural afirmó que la reforma acabaría con las plazas vitalicias o heredadas.

Dijo Peña Nieto el primero de diciembre: “Con esta reforma educativa, se establecen las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente. Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral. De aprobarse la reforma por el Constituyente Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional”.

Pero anoche la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propuso modificar la redacción del artículo constitucional. De esa manera, se garantizó que aunque la ley reglamentaria fije los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para los maestros, los resultados no afectarán los derechos magisteriales.

Así, de no sufrir cambios en el Senado de la República, que deberá resolver en las próximas horas sobre lo acordado por los diputados, la evaluación del personal docente no tendrá ningún efecto en aquellas maestras o maestros que no cumplan con el objetivo de una educación de calidad y el logro académico en el salón de clases.

Mientras los diputados discutían los artículos reservados, alrededor de las 21:00 horas la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, se oponía abiertamente a una reforma que, dijo, “humille” a los maestros. “Asumo la responsabilidad de decir que no porque no permitiré que se atropelle el mínimo derecho o mínimo agravio de los profesores”, agregó.

Gordillo defiende así una vieja conquista sindical de definitividad en el empleo y se opone a lo que llama una “reforma laboral” enmascarada.

La nueva redacción fue rechazada por algunos legisladores de izquierda que alegaron que de esa forma se protegía al Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE).

Además, el diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, señaló que se trataba de una perogullada, puesto que de entrada ninguna reforma constitucional es retroactiva, por lo que los derechos de los trabajadores ya estaban garantizados.

La aprobación de la reforma hecha por los diputados incluye, además:

1.- Evaluación obligatoria a los maestros (una evaluación con dientes de leche pues no tiene fuerza suficiente para morder y cortar con los docentes que no salgan bien evaluados).

2.- La elección por ternas de los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

3.- El INEE está obligado a evaluar el desempeño y resultados con calidad del Sistema Educativo Nacional (lo que se presta a interpretación respecto de su capacidad para actuar en lo laboral con los maestros mal evaluados).

4.- Se incorpora el adjetivo de educación de calidad a la que proporcione el Estado, en el texto constitucional.

La moneda está en el aire. Falta que los Senadores digan algo y luego todo lo que habrá de hacerse en la reforma a la Ley General de Educación, que deberá concretar lo acordado en materia de reforma al artículo Tercero Constitucional. El camino es largo. Publicado en Educación a debate

miércoles, 19 de diciembre de 2012


SNTE: dirigencia complacida
JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A nadie debe sorprender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se muestre tan complaciente con la reforma constitucional del sistema educativo nacional, pues –por lo menos hasta estos momentos– serán sus personeros en las distintas instancias educativas estatales los que se encarguen de administrar el ingreso y la promoción de los integrantes del llamado Servicio Profesional Docente.

La creación de dicho servicio es una muy buena decisión, y más todavía el hecho de que en el párrafo III del artículo 3° de la Constitución se asiente: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan (…) Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sin embargo, el problema es quién realizará dichos concursos de oposición, y de acuerdo con la reforma constitucional serán las autoridades educativas, no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como muchos creen. Conforme a lo hoy establecido en la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Educación, corresponderá a las autoridades educativas estatales aplicarlos, en coordinación con la autoridad educativa federal.

Esto se puede modificar en la reforma a la legislación ordinaria que se haga con posterioridad a la constitucional, pero el único cambio que podría introducirse sería que dicha función corresponda a la autoridad educativa federal, y no a la estatal. Pero eso no sería muy congruente con lo indicado en la exposición de motivos planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada, igual que la reforma, por los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD).

En dicha exposición, se manifiesta: “Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto (Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) brinde en el ejercicio de sus funciones”.

Pues bien, en el texto de la reforma la única facultad que se le da al INEE al respecto es “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Así, este nuevo órgano autónomo ni siquiera podrá elaborar los instrumentos que sirvan para evaluar la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio.

De modo que, aun cuando integrantes del nuevo gobierno presumen de haber limpiado la Secretaría de Educación Pública de la injerencia de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al retomar la rectoría de la educación, como lo pregonan, lo cierto es que en los estados las secretarías de Educación todavía están bajo el control de la dirigencia sindical y ellas serán las instancias responsables de aplicar directamente los concursos de oposición para el ingreso y promoción de los maestros. En octubre de 2009 (Proceso 1719), este autor señalaba que buena parte de la eficacia del control de la dirigencia sindical sobre el gremio “obedece al enquistamiento de sus miembros en la estructura educativa: (…) las secretarías de al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones…”.

Para que efectivamente haya “idoneidad de conocimientos y capacidades” de los nuevos maestros o directores y supervisores, debiera ser el INEE, órgano con autonomía constitucional, el responsable de administrar estos concursos de oposición en todos los casos, o al menos, como planteaba la iniciativa de senadores panistas y perredistas presentada en diciembre del 2011, establecer que fuese requisito para ejercer la docencia, en instituciones públicas o privadas de educación básica, el “obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el INEE”.

Lo ideal sería que, en el caso de los concursos de ingreso, todo el proceso se realizara a nivel federal; que se institucionalizara la organización de uno o dos concursos anuales, y que, de acuerdo con el lugar que ocuparan los candidatos en ellos, se les diera la oportunidad de elegir el lugar de su adscripción. En los de promoción, si se quiere dejar una participación a las autoridades estatales, se les podrían enviar ternas por cada puesto a ocupar y ese sería su margen de decisión; se garantizaría un mínimo de conocimientos y capacidades y simplemente se dejaría la evaluación final a la autoridad directa.

Pero de acuerdo con las atribuciones mencionadas en la Constitución, el INEE no podrá ni administrar los concursos ni emitir una certificación de idoneidad. Además, el secretario de Educación, Emilio Chauyffet, fue muy claro en una entrevista con Carlos Loret de Mola el pasado 11 de diciembre: La evaluación no será retroactiva, y aplicará únicamente para aquéllos que se incorporen a partir de la entrada en vigor de dicha legislación al servicio profesional docente. Tampoco garantizó que reprobar un examen de evaluación implicase la salida del servicio; sólo ratificó que no ingresará quien no lo apruebe, pero, una vez adentro, el reprobarlo no necesariamente conduciría siquiera a que el educador fuese retirado de sus funciones (puede ser que la ley establezca su salida en algunos casos, pero en la Constitución eso no está establecido), aunque fuese para una capacitación.

El conductor del noticiario se sorprendió ante la respuesta de Chuayffet y le preguntó que si la ley aplicaría únicamente para los nuevos, cuántos años se tardarían en renovar a toda la planta de maestros, y el secretario se remitió a la experiencia de Corea del Sur y respondió que a ese país le llevó 20 años. De manera que, aparte de que el impacto de la reforma sobre la calidad educativa será en el largo plazo, nada garantiza que los que ingresen sean los idóneos, por lo señalado previamente.

Las dos instituciones incorporadas al artículo tercero constitucional (Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) son muy positivas, pero en los términos en los que se redactaron las disposiciones mencionadas no garantizan la consecución de los objetivos planteados.
Publicado en Proceso


Moreira le pide al SNTE beca para estudiar en el extranjero
LA REDACCIÓN

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira pidió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) otorgarle una beca para estudiar en el extranjero.

Blas Mario Montoya, líder de la sección 5 del SNTE, adelantó que el gremio podría autorizar dicha beca, debido a que es parte de las prestaciones que otorgan a sus afiliados.

“(Se) respetaría el salario y las prestaciones de Moreira y se le daría una comisión para iniciar sus estudios”, declaró Montoya de acuerdo con una nota publicada este día por el periódico El Siglo de Torreón.

El fin de semana pasado, Moreira anunció sus intenciones de viajar al extranjero el próximo año, con el fin de estudiar una maestría o un doctorado. Además, informó que tiene la intención de escribir y publicar tres libros, uno de los cuales sería una crítica al sexenio de Felipe Calderón.

Moreira también reveló que denunció a Calderón en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por su probable responsabilidad en los miles de asesinatos cometidos durante su sexenio. Publicado en Proceso


Los pecados de Chuayffet
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Presto a batirse en los lodazales políticos con su vieja enemiga Elba Esther Gordillo, Emilio Chuayffet ha sobrevivido a todo: a las defenestraciones de sus padrinos y protectores de la vieja guardia de Atlacomulco, a los encontronazos con las corrientes internas de su partido y a sus propios errores y pifias, que no han sido pocos. Pese a su negra fama –ganada, entre otros episodios, por el de la matanza de Acteal, que cumple 15 años el próximo sábado 22–, el nuevo secretario de Educación, Emilio Chuayffet, regresa al candelero político, con nuevos bríos…

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con más de cuatro décadas de trayectoria política, Emilio Chuayffet Chemor, ahora secretario de Educación Pública, es un sobreviviente de la lucha por el poder: Formado al amparo de la “vieja guardia” del Grupo Atlacomulco, sorteó las desgracias de sus antiguos jefes y amigos, concretó acuerdos con diferentes grupos políticos dentro y fuera del PRI, se confrontó algunas veces y se mantuvo vigente incluso cuando el PAN ocupó la Presidencia.

Ha sobrevivido pese a los episodios oscuros de su carrera: Sospechosas operaciones electorales en el Estado de México y como secretario de Gobernación, ruptura de acuerdos, polarización política y la matanza de Acteal en diciembre de 1997.

El martes 11, en entrevista con Carmen Aristegui el político mexiquense negó una vez más que haya tenido responsabilidad alguna en esa masacre, y aunque confirmó que había grupos paramilitares en Chiapas y admitió que estaba avisado de ello, rechazó tener responsabilidad directa o por omisión.



Al viejo estilo

 Chuayffet se formó en el antiguo molde priista. Nacido en Toluca en 1951, se afilió en 1969 al Partido Revolucionario Institucional y estudió derecho en la UNAM entre 1970 y 1974.

Apenas concluidos sus estudios se convirtió en secretario particular de Arturo Llorente González, subsecretario del Trabajo entre 1974 y 1976, cuando el titular de la dependencia era Porfirio Muñoz Ledo.

Llorente fue delegado de Benito Juárez en 1976 y su ahijado político se convirtió en subdelegado. En ese periodo se vinculó con el jefe del Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González, entonces regente capitalino.

Gracias a Hank llegó a la política del Estado de México. En paralelo con la subdelegación en Benito Juárez fue presidente del comité municipal del PRI de Toluca entre 1976 y 1978.

En 1982, al empezar el sexenio de Miguel de la Madrid y su “renovación moral”, comenzó la desgracia temporal para Hank. Sin embargo otro hijo de Atlacomulco, Alfredo del Mazo González, llegó al gobierno mexiquense y Chuayffet a la alcaldía toluqueña.

Al año siguiente Del Mazo incorporó al flamante alcalde de Toluca como secretario de Educación del Estado de México. Ahí permaneció hasta 1987.

La fórmula de ocupar un cargo público y simultáneamente uno partidista fue repetida por Chuayffet, pues cuando era titular de Educación presidía el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI.


Grandes ligas

En la Secretaría de Educación mexiquense Chuayffet fue ante todo un operador político. En 1986 Del Mazo solicitó licencia para dejar la gubernatura y convertirse en secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y fue sustituido por Alfredo Baranda.

El gobierno de Miguel de la Madrid impuso como candidato en el Estado de México a Mario Ramón Beteta, un hombre sin arraigo en la entidad y quien hizo secretario de Gobierno a Chuayffet, que de ese modo se convirtió en una especie de gobernador de facto (Proceso 589).

En 1987 Del Mazo era preaspirante presidencial. Y cometió un error: El 4 de octubre de ese año, día del “destape”, felicitó a temprana hora a Sergio García Ramírez. Doble tropiezo: Del Mazo no era el candidato. García Ramírez tampoco. Fue Carlos Salinas de Gortari.

Así que mientras su protector Del Mazo salía del país en un exilio disfrazado de misión diplomática, Chuayffet pudo mantenerse como “gobernador de facto”. Mientras tanto Hank González fue nombrado secretario de Turismo por el entrante gobierno de Carlos Salinas y pronto Chuayffet entraría con bríos a la escena nacional.

En 1989 fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y dos años después lo hicieron director del Instituto Federal Electoral. Su trabajo en esa instancia contribuyó a la recuperación del PRI en las elecciones intermedias de 1991. El premio: la gubernatura del Estado de México en una elección que ganó en 1993 con dispendio, represión contra perredistas y denuncias porque la credencial para votar de los mexiquenses llevaba su firma (Proceso 850).

“Más que glosar logros y avances sectoriales, quiero enfatizar el progreso integral que contiene el activo del régimen que nos hereda: la reforma de la Revolución Mexicana”, dijo Chuayffet a Salinas a nombre de los gobernadores el 1 de septiembre de 1994, durante una comida por el último informe de gobierno del mandatario federal.

Salinas “dedujo de la realidad, con el conocimiento de nuestra historia, su estrategia. Ha sorteado con inteligencia los variados obstáculos que se han presentado como inercias contra el cambio”, dijo.

El año del levantamiento zapatista, del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y a unos cuantos meses del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Chuayffet se dirigió a Salinas el 30 de noviembre, en su último día de actividades como presidente. Lo calificó de estadista y agregó:

“Ninguno de sus contemporáneos podrá regatearle el mérito de haber cambiado a México, en un momento tal que, agotados ciertos patrones de conducción, liderazgo y relación con la sociedad civil, de habernos empecinado en seguirlos hubiéramos fracturado irremediablemente la unidad nacional” (Proceso 974).

 Chinchones, pantomima y Acteal

 Apenas con 22 meses como gobernador, en julio de 1995 fue designado secretario de Gobernación por Ernesto Zedillo. Vinculado con la cúpula del PAN, que reconocía en él un buen interlocutor y un demócrata, respetado entre los grupos priistas empezando por Atlacomulco, llegó a relevar al inexperto Esteban Moctezuma.

En la edición 1045 de Proceso Salvador Corro reseñó los tropiezos de Chuayffet: No logró fácilmente la aprobación de la reforma electoral que se planteaba para 1995, aunque ésta se concretó después. Fue el año en el que se enfrentó a Manuel Camacho Solís, quien en una carta criticó su actuación. Chuayffet respondió señalándole errores ortográficos de manera que se granjeó un apodo: El Pequeño Chuayffet Ilustrado.

En 1996, cuando hizo su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Chuayffet sentenció: “Yo no admito que se les llame guerrilla. Fue una pantomima montada para ganar publicidad”. Semanas después esa “pantomima” atacó instalaciones militares y policiacas en cuatro estados del país.

También intervino en el conflicto zapatista. Una condición para la paz en Chiapas fue generar una serie de modificaciones constitucionales en materia indígena, basadas en los llamados Acuerdos de San Andrés Larráinzar. La iniciativa sería elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por legisladores de los diferentes partidos.

Los zapatistas aceptaron el planteamiento y el gobierno federal, por conducto de Chuayffet, también. “Sabremos honrar nuestros compromisos”, dijo. El 28 de noviembre de 1996, en la sala de juntas del hotel Flamboyant, en San Cristóbal de las Casas, Chuayffet rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias de técnica jurídica.

Los integrantes de la Cocopa le indicaron que eso se podía resolver en el proceso legislativo, pero Chuayffet se mantuvo en la negativa y entonces le dijeron que había traicionado su compromiso.

“Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones (anises) y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza”, se justificó.

Los tropiezos de Chuayffet fueron a más. Cuando los zapatistas anunciaron que enviarían una delegación a participar en el Congreso Indígena en la Ciudad de México, Chuayffet dijo que eso era una provocación y que “aplicaría la ley” a quien saliera de la zona de conflicto. La comandante Ramona viajó con pasamontañas y portando la bandera mexicana. Chuayffet se tragó su amenaza.

El 20 de octubre de 1996 tuvo otro tropezón. El arzobispo Norberto Rivera Carrea expresó que a la autoridad que se sale del marco legal y viola derechos humanos “no hay obligación de tributarle obediencia”. La Secretaría de Gobernación amenazó con aplicar sanciones a los representantes de la Iglesia que llamaran a la desobediencia civil. Los obispos cerraron filas y otra vez el mexiquense se tragó sus amenazas.

Por esos años ya era famoso por su apariencia de demócrata y su actuar autoritario. En medio del conflicto poselectoral de Tabasco intervino de manera que exaltó la indignación. Andrés Manuel López Obrador, quien denunciaba fraude electoral en esa entidad, declaró que Chuayffet hablaba como Jesús Reyes Heroles y actuaba como Gonzalo N. Santos (Proceso 1026).

Finalmente el 22 de diciembre de 1997 en la población de Acteal, en Chiapas, la matanza de 45 indígenas, entre los que había niños y mujeres embarazadas, provocó su salida de Gobernación. En la citada entrevista con Aristegui, Chuayffet aseguró que no había prevención suficiente ante las conductas humanas y que la matanza había sido parte de conflictos intercomunitarios.

Aristegui le recordó que el obispo Raúl Vera declaró que le había avisado. El político sostuvo que había conversado con él y que, en efecto, le había referido una problemática que implicaba a numerosas comunidades.

En entrevista con Proceso, Vera sostiene que habló con Chuayffet varias veces, la última a mediados de 1996, sobre la situación en Chiapas: “Hasta entonces yo creía que se trataba de una estrategia equivocada, pero cuando vi la operación directa de los paramilitares me di cuenta de que era una estrategia contrainsurgente y que la paz que proclamaba Chuayffet era una contradicción, pues el gobierno era el generador de la violencia”, recuerda.

En octubre de 1997 Vera envió una carta denunciando la operación de los paramilitares.

Rechaza además la versión de Chuayffet que niega la participación del gobierno, pues asegura que cuando los paramilitares ingresaban a las comunidades les abría paso el Ejército, y tras los saqueos eran los militares quienes vendían los productos robados a los indígenas.

“Gobernación es responsable de la política interior del país. Y en ese tiempo se aplicaban políticas de guerra con asesinatos, saqueos y violencia y, por otro lado, un diálogo de paz. En eso no puede quedar exento el secretario de Gobernación. Él era responsable de preservar la paz y el equilibrio interior del país. Yo no le hablé en general como dice, le hablé en concreto de lo que ocurría”, sostiene el obispo Vera.

 La permanencia

Tras la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2000 Chuayffet resultó beneficiado. De cara a la elección de 2002 fue operador entre los grupos políticos del PRI que, tras encumbrar la fórmula Roberto Madrazo-Elba Esther Gordillo, se disputaban el control de la Cámara de Diputados, donde la profesora era coordinadora parlamentaria.

Con Manlio Fabio Beltrones presionando la salida de Gordillo y el distanciamiento de ésta con Roberto Madrazo, el episodio de la Cámara dejó humillada a Gordillo, que debió abandonar el PRI, la curul y el control camaral, dejado en manos de Chuayffet.

Los reporteros Jesusa Cervantes y José Gil Olmos documentaron uno de los episodios más funestos de Chuayffet como líder de la Cámara: el priista pactó con Vicente Fox el desafuero de Andrés Manuel López Obrador para tratar de evitar su participación en las elecciones federales de 2006.

De nuevo diputado federal en 2009, Chuayffet fue uno de los principales operadores de Peña Nieto en la construcción de su candidatura presidencial y también de la candidatura de Eruviel Ávila al gobierno del Estado de México, para lo cual dejó en el camino a otro aspirante, Alfredo del Mazo Maza, hijo de su antiguo protector.

Ya como titular de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 10, al presentar la propuesta de reforma de Peña Nieto, se refirió a la evaluación de los maestros: “No dependerá de caprichos ni intereses particulares, ni habrá negociación ni pacto para examinar a los maestros del SNTE”, dijo. Publicado en Proceso


Estudiantes increpan y reclaman a Peña Nieto en Chihuahua
LA REDACCIÓN

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto enfrentó hoy aquí el primer reclamo abierto de la población desde que asumió la primera magistratura.

Integrantes del movimiento #YoSoy132  reclamaron al mandatario la detención masiva del 1 de diciembre, la inseguridad que priva en la ciudad y en el país y la corrupción de funcionarios estatales.

Momentos antes de la reunión de evaluación en materia de seguridad que se realizó en el Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal se acercó a las personas que se encontraban alrededor del recinto oficial para saludarlas de mano, cuando se escuchó el siguiente estribillo: “Peña Nieto entiende, Chihuahua no te quiere”.

Peña Nieto esbozó una ligera sonrisa al escuchar los gritos de los jóvenes.

El escudo humano que lo protege lo rodeó de inmediato e hizo vanos intentos por lograr que ingresara al Palacio de Gobierno porque el coro de voces resonaba cada vez con mayor intensidad.

Integrantes del colectivo estudiantil advirtieron que varios compañeros no acudieron porque fueron amedrentados y tuvieron miedo de que se repitieran los actos represivos como los que se suscitaron durante la toma de protesta de Peña Nieto.

Con pancartas y a gritos, le exigieron al presidente que demuestre su  voluntad para resolver los problemas sociales en la entidad, principalmente la violencia y las desapariciones.

Cuando el exgobernador Patricio Martínez García  cruzó frente a los manifestantes, fue abucheado y no pocos le gritaron “asesino”.

Trabajadores del sindicato del Conalep también se plantaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar la corrupción que prevalece en la Secretaría del  Trabajo y Previsión Social.

Ya en la reunión formal, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Eduardo Ramírez Valderrama, le pidió a Peña Nieto que erradique el secuestro del cual él mismo fue víctima.

Subrayó que lo peor que puede suceder es que la ciudadanía se acostumbre al crimen, y reclamó un ambiente de paz y tranquilidad, de recuperación del bienestar social.

“Los empresarios confiamos en usted, su presencia en este evento refrenda el compromiso que siempre nos ha expresado a los chihuahuenses”, afirmó.

Jorge Contreras Fornelli, representante del Consejo Ciudadano Estatal, habló del caso de Juárez, donde, según él, han disminuido los homicidios de manera considerable, y pidió a Peña Nieto poner en marcha el plan piloto “Caso Chihuahua”, ya  que Ciudad Juárez tiene un rezago de 5 mil millones de dólares.

Peña Nieto llegó acompañado por el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, y por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el encargado del despacho de la Policía Federal, Manuel Mondragón y Kalb.

En la reunión de evaluación en materia de seguridad, Peña Nieto aseguró que Chihuahua será una de las cinco sedes de seguridad pública del país. El “modelo exitoso” de esta entidad, dijo, merece ser replicado, como referente de una política pública.

“Chihuahua lo merece, lo necesita y por ello será una de las sedes de las cinco regiones del país”, insistió.

Peña Nieto comentó que su gobierno no competirá por logros en seguridad con las entidades, y anunció que combatirán la violencia con desarrollo social e inversión en la educación, pero sin especificar la estrategia.

En la reunión estuvo presente el general colombiano Óscar Naranjo, quien asesora a las autoridades del estado de Chihuahua en seguridad, y apoyará como asesor externo al gobierno federal.

Peña Nieto repitió los seis ejes con los que hará frente a la inseguridad; y destacó en diferentes ocasiones la actuación de Chihuahua, que ha hecho un importante esfuerzo para reducir los índices delictivos.

Sobre el tema, el gobernador del estado aseguró que al cierre de noviembre pasado, se registró una disminución de 92% en homicidios y no se registraron secuestros. Evitó hablar sobre la situación de la Sierra Tarahumara, donde parece no tener control, de acuerdo con líderes sociales y habitantes de diferentes municipios.

Tampoco hablaron del incremento de violencia en la zona centro sur, durante este año.

Duarte continuó: “No ha habido un solo mes que tengamos un repunte en delito alguno. Esto ha sido la actitud de las instituciones, los partidos, los representantes sociales, los medios de comunicación, cada quien hizo su tarea asumiendo su papel en la crisis más aguda de seguridad que ha tenido Chihuahua.”

Después de la reunión, Peña Nieto acudió a un encuentro con diferentes sectores sociales, donde destacó la presencia del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckman, a quien conoce desde que fue obispo de Atlacomulco, tierra natal del presidente de la República. Publicado en Proceso