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viernes, 26 de abril de 2013


SNTE y cacicazgos charros: historia sin fin
Jesús Martín del Campo

A muy poco tiempo de su fundación, en diciembre de 1943, el SNTE comenzó a ser dirigido por líderes que implantaron todos los vicios del sindicalismo oficial, conocido como charrismo, a la par que en la mayoría de sindicatos importantes del país.

Tres camarillas, encabezadas cada una por un jefe o jefa, han controlado el SNTE desde 1952 a la fecha. La primera, encabezada por Jesús Robles Martínez, controló a los sucesivos dirigentes del sindicato de 1952 hasta 1972. La segunda, encabezada por Carlos Jonguitud Barrios, controló la vida sindical de 1972 a 1989. Y la tercera, teniendo como cabeza a Elba Esther Gordillo Morales, dominó de 1989 hasta febrero pasado.

Tratándose de un pilar de los gobiernos autoritarios para el control político de los trabajadores, los líderes charros han tenido licencia para enriquecerse, vender plazas, y también para perseguir y asesinar disidentes. Tal es el caso del SNTE, donde los jefes de las camarillas han sido removidos en una especie de ritual cíclico, de aproximadamente 20 años entre uno y otro, por algún desencuentro con el Ejecutivo en turno. Los han quitado y remplazado por otros que les garantizan el control deseado. Haciendo el papel del charro expiatorio.

Como elementos característicos de las direcciones oficialistas del SNTE encontramos: el control personalizado del jefe o la jefa en la toma de decisiones. La componenda de los líderes con las autoridades para negociar reivindicaciones a la baja, el ofrecimiento de votos para candidatos del PRI a la Presidencia (con Elba Esther para el del PAN vía fraude), la exigencia de una cuota cada vez más grande de cargos políticos y, de manera muy señalada, el uso de métodos violentos contra los disidentes.

Precisamente por la ausencia de democracia en el sindicato magisterial, y por los métodos gansteriles de los charros para controlarlo, han surgido movimientos democráticos para recuperar su sindicato como un instrumento al servicio de los trabajadores.

Durante el cacicazgo de Robles Martínez surgió el Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por Othón Salazar, con cuyas acciones desarrolladas entre 1956 y 1960 se cimbró el charrismo. Tiempo después, entre 1968 y 1970, surgió un movimiento integrado por comités de lucha de un buen número de delegaciones sindicales del DF.

En el periodo de dominio de Carlos Jonguitud surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en diciembre de 1979, organización que sigue viva y activa hasta la fecha. En dicho lapso se cometieron los asesinatos de muchos maestros democráticos a manos de jonguitudistas. ¿Cómo olvidar esos hechos?

Bajo el control de Elba Esther los rasgos del charrismo fueron llevados al extremo. Su ambición por enriquecerse, sus numerosas propiedades y su explicación chocarrera de una herencia como la base de su fortuna son al mismo tiempo indignantes y muestra de la corrupción que priva entre los políticos en el poder, algunos de los cuales han sido socios de ella. Su obsesiva concentración del control personal de todo lo que se hiciera en el sindicato revelaba desconfianza. Hacerse nombrar presidenta vitalicia ya fue el colmo. Con su habilidad para ayudar en los fraudes electorales de 2006 y 2012, superó con creces a sus antecesores. Su entreguismo para pedir que desaparecieran las normales del país, una barbaridad, si la inmensa mayoría de los maestros del sindicato son egresados de las mismas. Contra ese cacicazgo la CNTE desarrolló una gran capacidad de lucha, y logró acrecentar su influencia en la mayor parte de secciones del país y es la alternativa para democratizar al SNTE.

Cuando cayó Robles Martínez, Echeverría impulsó a Jonguitud para el relevo en el SNTE. El charrismo siguió con un líder que llevaba el control personal de la vida sindical y formó la corriente Vanguardia Revolucionaria, de la que se hizo nombrar jefe vitalicio. La inconformidad contra ese cacicazgo se mostró con la huelga magisterial de 1989, dirigida por la CNTE.

En abril de aquel año cayó Jonguitud y Salinas colocó a Elba Esther al frente del SNTE. De eso hace 24 años. Los excesos de Elba Esther y la anuencia de los gobernantes con ella la hacían ver como inamovible. Sorpresivamente la meten a la cárcel y termina su ciclo, pero el gobierno actual mantiene intacta la estructura que ella dejó, y que es fuente de malestar del magisterio que ha luchado siempre por la democratización de su sindicato.

Ahora sabemos que el gobierno dio el golpe para darse una imagen justiciera, pero en realidad preparó el terreno para la aplicación de la llamada reforma educativa que tiene la clara intención de abatir la estabilidad en el empleo, acabar con la gestión colectiva de las condiciones de trabajo y cerrar las escuelas normales. El magisterio democrático despliega ya una oleada de lucha contra esa reforma y sus contingentes de vanguardia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y Chiapas lograrán la incorporación de muchos en defensa de su fuente de trabajo.

El diablo no era Gordillo
Jorge Fernández Menéndez

En Chiapas, en 1994, los zapatistas efectuaron su levantamiento armado ejecutando distintos actos de violencia, la mayoría dirigidos contra personajes o instituciones gubernamentales, secuestraron a un ex gobernador e incluso le “declararon la guerra” al Estado mexicano, pero después de diez días de confrontaciones entraron en una lógica de negociación, no exenta de confrontaciones que de una u otra forma se mantiene hasta hoy. Pero la impunidad ahí quedó como marca.

Años después, en Atenco, un grupo de manifestantes, muchos de ellos relacionados con grupos afines al EPR y otras organizaciones armadas, con una serie de acciones muy violentas lograron que el gobierno federal se echara para atrás en su decisión de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Fue decisivo para la pérdida de credibilidad de la administración foxista, pero fue también, en muy buena medida, la apertura de la puerta a la impunidad para los actos de violencia social, impunidad que alcanzó todo tipo de delitos: desde el secuestro y la amenaza de muerte de funcionarios rociados con gasolina en una plaza pública (poco después la amenaza se convirtió en realidad en Tláhuac) hasta la toma de oficinas gubernamentales durante semanas. El desalojo de Atenco estuvo jalonado por acciones que fueron calificadas por la CNDH como violaciones a los derechos humanos. Violaciones que si se cometieron son injustificables, tanto como las acciones violentas cometidas por esos grupos políticos.

No había terminado de suceder Atenco cuando una ola mayor de violencia sacudió a Oaxaca. La APPO, junto con la Sección 22 del magisterio, tomaron la ciudad y, otra vez, un intento de desalojo mal realizado, les dio la coartada para cometer todo tipo de tropelías. El gobierno de Ulises Ruiz podía ser o no defendible, pero lo que hizo la APPO en Oaxaca fue injustificable. Tardaron meses las autoridades en recuperar la ciudad y ésta difícilmente se ha recuperado de los costos de aquella toma. La impunidad fue la norma.

Antes de lo ocurrido en estas semanas en Guerrero y en menor medida en Michoacán, se sucedieron los hechos violentos relacionados con la Coordinadora, en esos estados, pero también en la propia Oaxaca, en el DF, en Chiapas, en otros puntos del país. Ese tipo de acciones no era aceptable ni justificable, pero nunca hubo castigos, ni cuando se sacaba a golpes a una dirigente del sindicato de una estación de radio en Morelia para llenarla de chapopote y plumas en la plaza pública, ni cuando se prendía fuego a la histórica puerta de la SEP en el DF; tampoco cuando moría un modesto trabajador intentando apagar el fuego generado por los manifestante en una gasolinería en la Autopista del Sol, en Chilpancingo. Cuando se destrozó el centro de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre, la Asamblea Legislativa del DF se apresuró a modificar el Código Penal para que nadie fuera a la cárcel y la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad sacó una dura condena…de las fuerzas de seguridad que trataron, bien o mal, de controlar la situación.

A finales del año pasado, con mi compañera Bibiana Belsasso publicamos el libro La élite y la raza (Taurus, 2012), donde sosteníamos que la Coordinadora era el mayor peligro y el mayor dique para cualquier reforma educativa y que, al contrario de lo que era la opinión dominante, ese obstáculo mayor no lo constituían el SNTE o Elba Esther Gordillo, con la que existían otro tipo de disputas, personales, políticas o de otro tipo (hasta éticas si se quiere), pero que por allí la reforma podía transitar. No por la Coordinadora que haría, para oponerse, todo lo que estuviera a su alcance, como lo que ahora estamos viendo. La opinión y el libro (que se acompaña de un documental que presentaremos en el programa Todo Personal, en Proyecto 40 el próximo domingo a las 21 horas) no gustaron en ciertos ámbitos porque no eran políticamente incorrectos: el diablo era Gordillo y había que exorcizarlo. Y así se hizo y La Maestra probablemente cometió tantos errores políticos que era lógico que así terminara. Pero el peligro real, el diablo que se quería exorcizar, seguía siendo, y hoy lo podemos ver en toda su extensión, la Coordinadora y los grupos que operan dentro y junto a ella. Grupos que se han potenciado por el aprendizaje y la impunidad de que han gozado. Y que están dispuestos a todo, hasta a prender fuego con gente dentro (como los narcos del Casino Royale) a la sede de todos los partidos y a reconocer que ellos sí lo hicieron (desmintiendo la versión del gobierno estatal de que habían participado “provocadores”). Grupos que enfrentarán con violencia cualquier reforma que vulnere sus intereses particulares, que objetivamente van en contra de la educación pública y que fomentan la privatización de la misma, desacreditando a miles de maestros que día con día cumplen, muchos en las condiciones más difíciles, con aciertos y errores, con su responsabilidad de educar.

La UNAM como indicador político
José Elías Romero Apis
Para Juan Ignacio Lecumberri, en esta mala hora.

¡Qué solitario te ves, José Narro!
Pero los universitarios estamos contigo. Aunque todos estamos solos, pero todos estemos juntos. Si no nos duele la UNAM, significa que ya no nos duele nada. Por eso nos tantean con ella. Para saber si algo todavía nos duele.

Las sociedades convulsas tienen el deber de instalar sus instrumentos de medición. Como si se tratare de un avión, gran parte de la seguridad del vuelo depende del tablero de indicadores. Son dos los elementos esenciales de la cabina: los indicadores y los mandos. De los mandos de una sociedad me ocuparé en otra ocasión.  Por hoy, me atendré a los indicadores.

Los indicadores los requerimos todos pero, más que nadie, los estadistas. El problema es que no siempre hay indicadores. Que cuando los hay, no siempre los ven. Que cuando los ven, no siempre los entienden. Que cuando los entienden, no siempre los utilizan. Que cuando los utilizan, ya es demasiado tarde.

En la actual sociedad mexicana son muchos los posibles indicadores. No todos son fieles y no todos son eficaces. Pero cada quien decide por su preferido para resolver sus propias ecuaciones.

Algunos, muy atinados, piensan que el Congreso es un buen indicador. Otros, ingenuos, creen que lo es el discurso político. Hay quienes, experimentados, buscan indicación en los medios de comunicación. Los que especulan acuden a la orientación de las cotizaciones de mercado. Los místicos confían en sus gurús. Los modernistas en las encuestas. Los obedientes en sus jefes. Los tránsfugas en el extranjero. Los inseguros en la adivinación. Los románticos en la historia. Los creyentes en su Dios. Los ricos en su contador. Los babosos en el rumor. Los pobres en su quincena.  Y los muy pobres buscan comida, no indicadores.

Quienes han logrado encontrar sus indicadores idóneos sabrán, sin margen de error, lo que va a pasar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Esa es la cualidad esencial de los grandes estadistas, quienes tienen una triada óptica. La vista, para ver lo que pasa. La visión, para ver lo que va a pasar. Y la videncia, para ver lo que los demás no podemos ver y que conocemos con el simple y enigmático nombre de destino.

Pongamos un ejemplo concreto para no bordar en lo abstracto. Prefiero  hacerlo con el pretérito para no contaminarlo con el presente. Me referiré a la UNAM de hace años. 

Si algún indicador reflejó hace casi cinco décadas las condiciones de la realidad nacional, ese fue la UNAM. Creo que lo sigue siendo. Ni las tendencias de la bolsa muchas veces engañosas ni los discursos políticos en ocasiones mentirosos ni los análisis de los observadores eventualmente equivocados, reflejan con tanta fidelidad el presente y el futuro de la nación como la observación detenida de lo que acontece en la máxima casa de estudios.

No en todos los países ni en todas las universidades sucede algo similar, aunque tampoco resulta un caso único. En Estados Unidos, por ejemplo, hay centros de estudio que reflejan la realidad estadunidense con más fidelidad que otros. Se me ocurre pensar que la realidad es más fácil apreciarla en UCLA que en Harvard, y más en Berkeley que en Yale. Quizás esa fidelidad deviene de la medida en que una universidad sea pública, abierta y liberal.

La UNAM posee esos atributos. Recordemos el pasado. El conflicto del 68 fue un sustancial conflicto de generaciones que en esa década se gestó en todo el orbe. No fue un conflicto de autoridad como, equivocada y trágicamente, lo conceptualizó Gustavo Díaz Ordaz, tampoco un conflicto de ideologías como, mal intencionadamente, quisieron presentarlo algunos.

Fue un diferendum entre los jóvenes y los viejos. Entre los jóvenes de cualquier clase económica y de cualquier signo ideológico contra los viejos ricos o pobres, socialistas o fascistas. Por no conocer a la UNAM, el entonces Presidente equivocó el rumbo. No discuto si tuvo buenas o malas intenciones, simplemente afirmo que se equivocó.

Por no tener indicadores, por no verlos, por no entenderlos, por no utilizarlos o por no ser oportunos, varios de nuestros presidentes nos han dado material para estas notas.

Luis Echeverría resolvió un problema de generaciones, pero generó un conflicto de clases. López Portillo solucionó un conflicto de clases, pero creo un enfrentamiento de grupos. Miguel de la Madrid remedió un enfrentamiento de grupos, pero forjó un pleito de partidos. Carlos Salinas zanjó un pleito de partidos, pero organizó una pelea de familias. Ernesto Zedillo solventó una pelea de familias, pero introdujo un choque de proyectos. Vicente Fox no resolvió ni generó nada, y Felipe Calderón acondicionó una guerra de carteles. 

La ocupación de la Rectoría nos indica que ya no están en juego solamente los temas de política. La detentación del poder no es el conflicto. Es tan sólo el indicador.

Espero no seguir viendo tan solo a José Narro. También espero que nosotros no estemos tan solos.
 *Abogado y político
 w989298@prodigy.net.mx
Twitter: @jeromeroapis

Se extiende la rebelión; maestros de 4 estados más, contra plan educativo
REDACCIÓN

Las acciones de la disidencia magisterial contra la reforma educativa, cuyas expresiones más violentas han ocurrido en Guerrero y Michoacán, se extienden a cuatro estados más del país.

A diferencia de esas dos entidades federativas, donde profesores y normalistas han atacado las sedes de partidos políticos, tomado autopistas y bloqueado centros comerciales, en el Estado de México, Morelos, Zacatecas y Chiapas se manifiestan y preparan contra la aplicación de la reforma.

En Morelos, el Movimiento Magisterial de Bases y el Consejo Local de Lucha Magisterial critican al gobierno estatal el apoyo que da al nuevo plan federal de educación y exigen el pago de los adeudos que tiene con el gremio.

El Frente de Organizaciones en Defensa de la Educación Pública, radicado en territorio mexiquense, se trasladó ayer a la Ciudad de México y marchó del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos, generando caos vehicular.

Chiapas y Zacatecas “están en aparente calma”, afirmó Carlos Ornelas, especialista en educación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. En entrevista explicó que la disidencia en ambos estados realiza, hasta ahora, movilizaciones pacíficas para impedir que se aplique la reforma.

Al referirse a los hechos vandálicos de los cetegistas en Chilpancingo, el presidente Enrique Peña Nieto, desde Acapulco, durante la inauguración de la 76 Convención Nacional Bancaria, ofreció al gobernador Ángel Aguirre su apoyo para recuperar el Estado de derecho en la entidad. Publicó Excélsior.

A 8 días de la toma de rectoría, rechazo generalizado a que entre la fuerza pública
REDACCIÓN

Una semana después de que la rectoría de la UNAM fue tomada por un grupo de jóvenes embozados, ayer continuaron los debates entre diversos grupos estudiantiles de varios planteles en la explanada de rectoría.

Ahora se perfilan de manera más clara dos puntos: el rechazo casi general a la ocupación del edificio, por haber sido una decisión no consensuada entre la comunidad universitaria, y la oposición, también casi general, a una posible entrada de las fuerzas de seguridad pública para desalojarlo.

Y aunque hasta el cierre de esta edición los inconformes no habían hecho el pronunciamiento formal que anunciaron para las 8 de la noche, en un documento repartido entre los estudiantes –no lo entregaron a los medios– plantearon: “La respuesta que nos han dado las autoridades universitarias al diálogo que exigimos ha sido la posible entrada de la fuerza pública a suelo universitario. Se han negado rotundamente a entablar un diálogo de carácter resolutivo, en el cual ambas partes: autoridades y comunidad estudiantil, puedan exponer sus demandas y exigencias.

El diálogo es la única alternativa que existe para la resolución de los conflictos en que estamos inmersos. Seguimos haciendo un llamado al rector de esta universidad a que abra los canales de comunicación, a que se ponga fin a las denuncias penales, ya que no son justificables en ningún sentido.

Por otro lado, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario demandó, al grupo violento que ocupa ilegalmente la torre de rectoría, la entrega inmediata de las instalaciones, y externó su rechazo a cualquier expresión de violencia como medio para dirimir diferencias.

Ese órgano, en el que están representados consejeros alumnos, profesores, investigadores y trabajadores, así como directores de facultades, centros e institutos, y de otras instancias universitarias, también se sumó a las manifestaciones de respaldo al rector José Narro Robles en la solución del conflicto.

En el mismo sentido se expresaron más de 18 mil 300 alumnos pertenecientes a 160 escuelas del Sistema Incorporado de la UNAM, con presencia en 22 estados del país, quienes exigieron la devolución inmediata y sin condiciones de la rectoría.

De igual modo lo demandaron 75 agrupaciones de profesionales, académicos y científicos, así como organismos privados y civiles, que externaron su solidaridad con la UNAM y condenaron cualquier forma de violencia en la universidad, en particular la que ejerció el grupo de personas referido, el pasado 19 de abril.

Marcha y pronunciamientos estudiantiles

Sin contratiempos resultó la marcha de unos 200 estudiantes que partió de la explanada de rectoría –tomada desde el viernes pasado por jóvenes embozados– y que más tarde regresó al mismo lugar tras recorrer el circuito universitario y hacer dos paradas en las facultades de Derecho y Arquitectura, donde leyeron información sobre el conflicto.

Más tarde, unos 100 alumnos del CCH Sur que llegaron por su cuenta y que también se concentraron en la explanada –como lo han hecho otros grupos e individuos desde hace varios días para debatir sobre la ocupación–, manifestaron en un comunicado su rechazo a la posibilidad de que entre la Policía Federal para desalojar a los inconformes.

Los estudiantes del CCH Sur, quienes afirmaron que sus planteamientos surgieron de una asamblea realizada este jueves, señalaron: “reprobamos que la toma de rectoría no haya sido consensuada con la comunidad, aunque exigimos al rector José Narro que entable el diálogo como único medio para resolver los conflictos.”

Repudiamos la polarización y confrontación de la comunidad universitaria producida por la manipulación y el sesgo de la información por los medios de comunicación, así como la cerrazón de las autoridades, principalmente de Narro, a dialogar con los universitarios acerca de los conflictos que se han venido arrastrando, sobre todo en los CCH.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales leyó un pronunciamiento de ese centro de estudios, en el que manifiestan su desacuerdo con la toma no consensuada de rectoría y a la vez rechazan el posible ingreso de la Policía Federal a la UNAM.

Exhortamos a las partes a que no deleguen su responsabilidad a instancias ajenas a la universidad y que se busque su solución mediante una mesa pública de diálogo.

Poco después de las 8 de la noche un grupo de alrededor de 50 estudiantes se trasladó a la direccion general del CCH ante el rumor de que ahí se encontraba Narro. ¡Diálogo!, gritaban sobre la lateral de Insurgentes. En un momento dado, unos 10 de ellos cerraron el paso a los vehículos por unos minutos, ante el desacuerdo de la mayoría de los manifestantes. Esas actitudes unilaterales son las que no nos parecen, dijo uno de los jóvenes. Publicó La Jornada. (Educación a debate)

¡Con la UNAM y el rector Narro!
 Emilio Rabasa Gamboa

Una vez más y con el mismo recurso —la violencia— la UNAM ha sido agredida con la toma de su rectoría por un grupo vandálico que ya causó destrozos al edificio declarado patrimonio cultural por la UNESCO, no sólo de los universitarios, sino de la humanidad.

En adición a ese grave quebranto material a las instalaciones universitarias, está la afectación moral de nuestra máxima casa de estudios que integramos miles de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores universitarios. Con claras palabras lo ha expresado el rector José Narro: “Se afecta a la universidad, se vulneran los principios que nos rigen y se perturban las condiciones en que se debe desarrollar el trabajo de los universitarios. Se trastoca la imagen de nuestra casa de estudios”.

No se trata sólo de la interrupción de las labores universitarias. Una vez más la sin razón, en esta ocasión llevada al extremo de “reclamar” educación gratuita (sic), a todas luces una abierta mentira, y la reinstalación de cinco “estudiantes” expulsados del CCH Naucalpan por agredir a trabajadores universitarios, que trataban de impedir el acceso de un estudiante en estado de ebriedad, pretenden erigirse en la justificación de la acción
agresora, de un grupo que no da la cara, escondidos tras una capucha que cubre el rostro de los belicosos.

Con la fuerza se impide el acceso —además de las autoridades universitarias que laboran en la rectoría— a casi mil personas que acuden a diario a esas instalaciones para realizar varios trámites como el acceso de los alumnos de bachillerato a la licenciatura y el registro de calificaciones, la gestión del presupuesto universitario, el manejo de programas de becas y de servicio social, diversos asuntos jurídicos, entre otras muchas
actividades más.

No es la primera vez que acontece ese secuestro violento de la universidad. Los fallidos intentos de denigración universitaria en el pasado, y los presentes, hacen evidente la gran vulnerabilidad de una institución que sólo cuenta con las armas de la razón, la prudencia, el diálogo y su propio ordenamiento jurídico, eso es su fuerza ética, frente al reiterado asedio de la fuerza bruta, que además exige “dialogar” en condiciones de asedio a toda la comunidad universitaria.

Menos aún procede el reclamo en esos términos cuando están abiertos todos los canales institucionales pacíficos para dirimir cualquier reclamo, en los términos de la legislación universitaria y ante autoridades que siempre han estado dispuestas al diálogo para ventilar cualquier expresión de inconformidad o conflicto.

La UNAM es una institución que se gobierna horizontalmente muy lejos de una imposición autoritaria y vertical de sus decisiones autónomas. La expulsión ha sido confirmada por el Tribunal Universitario. Narro ha demostrado sobradamente a lo largo de su carrera, y frente a diversas situaciones de crisis de la UNAM , que es un hombre siempre abierto al diálogo.

Por todo lo anterior resulta indispensable en estas aciagas horas por las que atraviesa nuestra UNAM , expresar por todos los medios el respaldo y apoyo incondicional al rector José Narro, un “convencido de que los estudiantes no actúan en el anonimato, encubiertos y menos con el uso de la fuerza”, sobretodo cuando ha señalado que “frente a la sinrazón, la imposición y la violencia, las respuestas deben ser dadas a partir de la
inteligencia, el apego a la legalidad y la prudencia”.

¡Exijimos aplicación de la ley, basta ya de las agresiones a la UNAM , patrimonio de todas las mexicanas y mexicanos!
Investigador del IIJ de la UNAM.

‘‘Acto desesperado’’, la violencia del miércoles en Chilpancingo: CNTE

Laura Poy Solano

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó de ‘‘acto desesperado’’ los hechos del pasado miércoles en los que integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), entre ellos el magisterio disidente, causaron destrozos en las sedes estatales de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Chilpancingo, por lo que dio su ‘‘respaldo total’’ a los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

Líderes sindicales informaron que una comisión de maestros se trasladó a la entidad para intentar distender el clima de tensión y buscar una solución pacífica al conflicto, pues destacaron que ‘‘como docentes nunca hemos apostado por la violencia, pero es el Estado quien la genera con su cerrazón y falta de capacidad para el diálogo, condiciones de hartazgo y desesperación’’.

Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional (DPN), informó que este órgano sesionó de manera urgente para emitir un posicionamiento político en el caso de Guerrero, en el arranque de su quinto Congreso Nacional de Educación, que reúne a delegados de al menos 14 entidades para la discusión de un plan alternativo de educación.

Destacó que, por acuerdo de las dirigencias seccionales, ‘‘vamos a mantener el apoyo a los maestros de Guerrero, pero al mismo tiempo trabajaremos en la construcción de una propuesta alternativa al modelo formativo neoliberal que nos pretenden imponer desde la administración peñista’’.

Informó que esta madrugada se volverá a convocar a la DPN-Ampliada para ‘‘analizar nuevamente el caso Guerrero. No descartamos que en breve se convoque a una asamblea nacional representativa para definir un plan de acción que incluya nuevas movilizaciones e incluso la posible instalación de un plantón nacional en la capital del país’’.

Por su parte, Pedro Hernández, integrante de la dirigencia del magisterio disidente de la sección 9 del Distrito Federal, señaló que durante los tres días de trabajos del congreso nacional de educación los delegados asistentes se organizarán en tres mesas de discusión.

En una se analizará la iniciativa de leyes secundarias enviadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al consejo rector del Pacto por México, mientras que otra será un espacio de debate para analizar una propuesta popular y alternativa de educación; la tercera estará dedicada a la elaboración de un plan para la transformación educativa del país.

Entre los ejes que discutirán delegados de entidades como Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tlaxacala, Sonora, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Morelos, se incluyen los efectos de la reforma educativa en sus condiciones laborales, pero también ‘‘cómo se van a reflejar en el aula, porque un maestro que trabaja casi a destajo, sin ninguna protección de sus derechos y con una formación y capacitación deficiente, está condenado al fracaso’’, dijeron profesores del estado de Chiapas. (La Jornada)

Respaldo total a lo que Narro decida: comunidad de la UNAM
No habrá violencia para resolver la situación, dijo a consejeros
Ayer hubo encuentros a puerta cerrada con miembros del CU
No se puede hacer justicia por propia mano, reiteró el rector
Hubo rechazo generalizado a la ocupación de las instalaciones

Emir Olivares y Arturo Jiménez

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, se reunió ayer a puerta cerrada y en distintos momentos con integrantes del Consejo Universitario (CU), para informar sobre las decisiones tomadas frente a la ocupación de la torre de rectoría, y escuchar propuestas y dudas al respecto. Esto, al cumplirse una semana de la ocupación del inmueble por un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos.

En un primer encuentro realizado por la mañana, el rector conversó con los consejeros investigadores y técnicos académicos de los institutos de investigación; posteriormente hizo lo mismo con los representantes de académicos de escuelas y facultades. Por la tarde se reunió con alumnos y, finalmente, casi entrada la noche, con los directores de las entidades universitarias.

Algunos consejeros que participaron en esas reuniones externaron que durante las conversaciones se dio el apoyo al rector y se mostró rechazo generalizado a la toma por la fuerza de las instalaciones de rectoría.

Agregaron que hubo quienes manifestaron preocupación de que se dé una salida de fuerza al conflicto. Dijeron que el rector habría asegurado que no habrá violencia para resolver la situación.

La gran mayoría, en particular profesores e investigadores, hicieron hincapié en que aun con esta problemática, las actividades académicas, de investigación y de difusión de la cultura en la casa de estudios continúan su desarrollo cotidiano.

Los consejeros consultados indicaron que las autoridades universitarias les solicitaron hacer llegar propuestas para resolver este contratiempo, por medio de la Coordinación de Vinculación del CU.

Informaron que la mayoría de los representantes de la comunidad universitaria ante el máximo órgano de decisión de la UNAM dieron su respaldo a las acciones emprendidas por la rectoría para la solución del conflicto.

Algunos sectores se dijeron preocupados por el llamado que se realiza desde distintos foros, como las redes sociales y volantes que circulan por Ciudad Universitaria, convocando a la comunidad a sacar por la fuerza a los ocupantes de rectoría. Al respecto –dijeron los consejeros–, Narro Robles habría reiterado que no se puede hacer justicia por propia mano.

El viernes pasado, tras una marcha que partió del Parque Hundido y llegó a Ciudad Universitaria, unas 15 personas se separaron del contingente y con un mazo rompieron uno de los vidrios del edificio (declarado en 2007 por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad) para ocuparlo.

Desde el día en que se introdujeron a la rectoría demandaron a las autoridades de la institución diálogo público, reinstalación de cinco estudiantes expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan (condición que ya fue retirada), quienes fueron dados de baja luego de un enfrentamiento con trabajadores, y que no haya represalias contra quienes participan en la ocupación. Exigencias que también enarboló el grupo que el pasado 6 de febrero tomó de manera similar la dirección general del CCH.

Las autoridades universitarias han respondido que habrá diálogo hasta que se entregue la torre de rectoría y que no se cederá a ninguna presión basada en actos violentos. Además de que presentó denuncias penales contra quienes participaron en esas acciones.

Es de recordar que el pasado martes, el Tribunal Universitario resolvió expulsar de manera definitiva a los cinco jóvenes del CCH Naucalpan. (La Jornada)

Rechazo generalizado a que entre la fuerza pública a Ciudad Universitaria
Entrega inmediata de las instalaciones, exigen el CU y más de 18 mil alumnos del sistema incorporado
Arturo Jiménez y Emir Olivares

Una semana después de que la rectoría de la UNAM fue tomada por un grupo de jóvenes embozados, ayer continuaron los debates entre diversos grupos estudiantiles de varios planteles en la explanada de rectoría.

Ahora se perfilan de manera más clara dos puntos: el rechazo casi general a la ocupación del edificio, por haber sido una decisión no consensuada entre la comunidad universitaria, y la oposición, también casi general, a una posible entrada de las fuerzas de seguridad pública para desalojarlo.

Y aunque hasta el cierre de esta edición los inconformes no habían hecho el pronunciamiento formal que anunciaron para las 8 de la noche, en un documento repartido entre los estudiantes –no lo entregaron a los medios– plantearon: “La respuesta que nos han dado las autoridades universitarias al diálogo que exigimos ha sido la posible entrada de la fuerza pública a suelo universitario. Se han negado rotundamente a entablar un diálogo de carácter resolutivo, en el cual ambas partes: autoridades y comunidad estudiantil, puedan exponer sus demandas y exigencias.

El diálogo es la única alternativa que existe para la resolución de los conflictos en que estamos inmersos. Seguimos haciendo un llamado al rector de esta universidad a que abra los canales de comunicación, a que se ponga fin a las denuncias penales, ya que no son justificables en ningún sentido.

Por otro lado, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario demandó, al grupo violento que ocupa ilegalmente la torre de rectoría, la entrega inmediata de las instalaciones, y externó su rechazo a cualquier expresión de violencia como medio para dirimir diferencias.

Ese órgano, en el que están representados consejeros alumnos, profesores, investigadores y trabajadores, así como directores de facultades, centros e institutos, y de otras instancias universitarias, también se sumó a las manifestaciones de respaldo al rector José Narro Robles en la solución del conflicto.

En el mismo sentido se expresaron más de 18 mil 300 alumnos pertenecientes a 160 escuelas del Sistema Incorporado de la UNAM, con presencia en 22 estados del país, quienes exigieron la devolución inmediata y sin condiciones de la rectoría.

De igual modo lo demandaron 75 agrupaciones de profesionales, académicos y científicos, así como organismos privados y civiles, que externaron su solidaridad con la UNAM y condenaron cualquier forma de violencia en la universidad, en particular la que ejerció el grupo de personas referido, el pasado 19 de abril.

Marcha y pronunciamientos estudiantiles

Sin contratiempos resultó la marcha de unos 200 estudiantes que partió de la explanada de rectoría –tomada desde el viernes pasado por jóvenes embozados– y que más tarde regresó al mismo lugar tras recorrer el circuito universitario y hacer dos paradas en las facultades de Derecho y Arquitectura, donde leyeron información sobre el conflicto.

Más tarde, unos 100 alumnos del CCH Sur que llegaron por su cuenta y que también se concentraron en la explanada –como lo han hecho otros grupos e individuos desde hace varios días para debatir sobre la ocupación–, manifestaron en un comunicado su rechazo a la posibilidad de que entre la Policía Federal para desalojar a los inconformes.

Los estudiantes del CCH Sur, quienes afirmaron que sus planteamientos surgieron de una asamblea realizada este jueves, señalaron: “reprobamos que la toma de rectoría no haya sido consensuada con la comunidad, aunque exigimos al rector José Narro que entable el diálogo como único medio para resolver los conflictos.”

Repudiamos la polarización y confrontación de la comunidad universitaria producida por la manipulación y el sesgo de la información por los medios de comunicación, así como la cerrazón de las autoridades, principalmente de Narro, a dialogar con los universitarios acerca de los conflictos que se han venido arrastrando, sobre todo en los CCH.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales leyó un pronunciamiento de ese centro de estudios, en el que manifiestan su desacuerdo con la toma no consensuada de rectoría y a la vez rechazan el posible ingreso de la Policía Federal a la UNAM.

Exhortamos a las partes a que no deleguen su responsabilidad a instancias ajenas a la universidad y que se busque su solución mediante una mesa pública de diálogo.

Poco después de las 8 de la noche un grupo de alrededor de 50 estudiantes se trasladó a la direccion general del CCH ante el rumor de que ahí se encontraba Narro. ¡Diálogo!, gritaban sobre la lateral de Insurgentes. En un momento dado, unos 10 de ellos cerraron el paso a los vehículos por unos minutos, ante el desacuerdo de la mayoría de los manifestantes. Esas actitudes unilaterales son las que no nos parecen, dijo uno de los jóvenes. (La Jornada)

jueves, 25 de abril de 2013


Democratización de la educación superior
JUAN CARLOS YÁÑEZ

En el marco de las actividades del “Núcleo de estudios e investigaciones de educación superior del Mercosur”, 18 y 19 de abril se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el “1º Seminario Democratización de la Educación Superior. Una mirada desde el Mercosur”, con la participación de representantes gubernamentales, rectores y académicos de varios países miembros de esta región de América Latina.

Mercosur, conviene recordarlo, es un bloque geopolítico de principios de los 90, inicialmente conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay (temporalmente suspendido), al que se sumó Venezuela y más tarde, como asociados, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Además de su importancia demográfica y económica, ha sido punto de referencia política (y de preocupación para Estados Unidos), porque actualmente agrupa a varios de los gobiernos contrarios al neoliberalismo, encabezados por los Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales y, en su momento, Hugo Chávez.

Mercosur tiene un sector educativo, SEM, en el cual se inscribe el Núcleo arriba nombrado, cuyos tres objetivos son: “a) Impulsar la reflexión y producción de conocimiento de la educación superior en el MERCOSUR vinculada a la integración.b) Promover investigaciones sobre las contribuciones de la educación superior a la integración de los países del MERCOSUR. c) Proponer iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer el proceso de formulación de políticas públicas y orientar la toma de decisiones en educación superior del MERCOSUR”.

Durante el Seminario en cinco mesas se analizaron tres ejes centrales del encuentro académico, intelectual y político: políticas de inclusión en la educación superior (prácticas y actores), transformaciones institucionales para la inclusión en la educación superior y sentidos de la universidad en la construcción de nuevas ciudadanías. En otras palabras, se discutieron los avances, dificultades, posibilidades y límites para profundizar el acceso a una educación superior de buena calidad, con prácticas inclusivas que tiendan a la permanencia y egreso de los sectores históricamente marginados del derecho a la educación; los avances que muestran naciones e instituciones para transformarse a sí mismas frente a las nuevas realidades heterogéneas y en el contexto de un inusitado proceso político que experimenta el Cono Sur y, finalmente, las contribuciones que deben realizar o ya concretan las universidades en la formación de las ciudadanías de estos países.

Resumir lo allí vivido es imposible en el espacio de esta colaboración. Puedo apuntar de manera sintética algunos rasgos, entre ellos la diversidad de modelos, así, pudimos conocer distintas experiencias y avances en la expansión de la educación superior en Argentina y Brasil; la preocupación por la inclusión de grupos marginados, con casos específicos y estimulantes, como la Institución Educativa Resguardo Indígena (Colombia) o la formación de profesores modalidad aborigen Wichi, en la provincia del Chaco, Argentina.

Las reflexiones de altísimo nivel fueron parte del escenario, con las disertaciones estupendas de Daniel Mato (Universidad de Tres de Febrero, Argentina), Eduardo Rinesi (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina), Jorge Martinis (Universidad de la República, Uruguay), Diego Tatián y Carolina Scotto, ambos de la institución sede. Aplausos especiales mereció la participación de María Egilda Castellanos, fundadora y primera rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sobre todo por la emotividad de sus exposiciones y su participación en el proceso social y político.

Dos días, cinco mesas, extraordinaria organización a cargo de un equipo coordinado por Estela Miranda (Universidad Nacional de Córdoba), magistrales participaciones e invitaciones a la reflexión sobre el sentido de la educación superior en la época que vivimos, una tarea imprescindible. Además, la constatación de un hecho que puede ser (debe ser) debatido, que no es perfecto pero intenta construir alternativas pedagógicas: la preocupación de las universidades sudamericanas, por lo menos un sector de ellas, por acompañar los procesos de integración regional y su profunda imbricación con la realidad social de esos países. Fue, también, una forma de homenajear el rectorado (unánimemente apreciado) que esta semana llega a su fin en la Universidad Nacional de Córdoba, conducido por la filósofa Carolina Scotto.

Inequidad, “alerta máxima” del Sistema Educativo: INEE
REDACCIÓN

El presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Mario Rueda Beltrán, advirtió que la inequidad representa la “alerta máxima” del Sistema Educativo Mexicano, dada la diversidad de condiciones socioeconómicas que tiene el país.

Al presentar el Panorama Educativo México 2012 del INEE, alertó que las peores condiciones que ofrece el sistema educativo las reciben las poblaciones con alta marginalidad, alta vulnerabilidad o en condiciones especiales, como las multiculturales, y pidió atenderlas.

“El sistema produce analfabetas funcionales, sí, pero también produce ciudadanos críticos. El problema es que, por un lado, tienes escuelas con condiciones que pueden ser equivalentes a las del país más desarrollado de este planeta y conviven con algo que es difícil pensar que es una escuela, pues apenas son una chocita o tienen condiciones precarias en todos sentidos: de higiene y falta de luz, etcétera.

“Es una vergüenza no hacer algo para que esto deje de estar ocurriendo”, dijo Rueda Beltrán y agregó que el Sistema Educativo sí ha avanzado pero de manera lenta, “y el porcentaje que falta es el más difícil e implica acciones concertadas”.

Los avances alientan, pero no tiene sentido un optimismo coyuntural que deje para después resolver el problema, advirtió.

“El ámbito de la educación está cruzado con intereses partidarios y políticos” y si bien es de preveerse que situaciones como marchas, plantones y faltas de maestros se reflejen en las cifras; pueden ser tan importantes como que el profesor no hable la lengua de sus alumnos o que un tercio de la población de primaria cursa en un modelo multigrado.

“El resultado general tiene que ver con el conjunto de cosas que pasan y que tienen que ver con la perspectiva de la complementariedad y la colaboración, así como de la conciencia social de que la única herramienta que tenemos para crecer es la educación”.

Acompañado por Héctor Robles Vásquez, director de Indicadores Educativos del INEE, consideró arriesgado decir que “un factor es causa de tal o cual cosa”.

A propósito de la reglamentación secundaria con motivo de la reforma educativa, recomendó que en un futuro la prueba Enlace sea más espaciada, con objeto de usar de manera más relevante los resultados que ofrece.

Entre las cifras presentadas, destaca que en comparación con 2010, hay más niños en las escuelas, que progresan y egresan, indicó a su vez Robles Vásquez.

Durante el año 2000, entre quienes asistían a la escuela 86 por ciento de los alumnos tenían de 12 a 14 años y hoy suma 90 por ciento la matrícula en ese rango de edad; en tanto que los de 15 a 17 años pasaron de representar 46 a 60 por ciento.

“La mejora es lenta. La escolaridad promedio, por ejemplo, avanza 0.11 en la década de 1990 a 2000 y en la siguiente década 0.2; tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para avanzar”.

A pregunta expresa sobre la reforma educativa aprobada como vía de solución a los actuales problemas en la materia, Rueda Beltrán descartó que sea tajante y aclaró: “No. Es una plataforma que atiende algunos aspectos”. Empero, admitió que la reforma está iniciado, se han logrado acuerdos básicos, pero lo que sigue, las leyes secundarias, todavía no están claras. Ahí tendremos mayor certeza de los alcances y posibilidades.

El presidente del INEE advirtió también sobre el gasto educativo, que no sólo no es eficiente sino que tampoco es equitativo. (Sin Embargo)

Exigen más de 110 mil universitarios desalojo de Rectoría de la UNAM
En tres distintos pronunciamientos, 115 mil 664 universitarios y ex alumnos exigieron el desalojo inmediato de la Torre de Rectoría de la UNAM, que mantiene tomada un grupo de personas embozadas desde el 19 de abril pasado.

Entre los firmantes están estudiantes, académicos, trabajadores e integrantes de las áreas económico-administrativas, 32 consejeros universitarios, así como alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado.

También firmaron las misivas 104 organizaciones estatales y gremiales de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con sede en la mayor parte de los estados del país, y tres en el extranjero.

Los universitarios expresaron su rechazo a las conductas violentas como forma de expresar demandas o promover soluciones a las mismas, y exigieron la liberación de las instalaciones para regresar a la normalidad. Para estos pronunciamientos se recabaron testimonios en 30 horas hábiles.

En tanto, los consejeros universitarios señalaron que las acciones de los ocupantes de la Torre de Rectoría no hacen más que inhibir la auténtica participación estudiantil, informó la UNAM en un comunicado.

Además, añadieroj que es preocupante cómo ciertos grupos aprovechan cualquier oportunidad para realizar actos violentos, con los que se criminaliza a la protesta social y se fortalecen los argumentos de aquellos que quieren ver abolida la educación pública y gratuita.

"En nuestra comunidad existen las condiciones para que la razón, la tolerancia, los argumentos y las ideas sean los elementos que guíen nuestras acciones", agregó.

Además, apuntaron, "estamos en contra de cualquier acto, declaración o abuso que lastime la integridad y el patrimonio de nuestra universidad". (Crónica)

La toma de rectoría
Octavio Rodríguez Araujo

Atendiendo a las notas de prensa, el conflicto del CCH de la UNAM se inició el viernes primero de febrero en Naucalpan. Esa noche un grupo de estudiantes se enfrentó a trabajadores administrativos y docentes porque se le impidió la entrada al plantel a un alumno en estado inapropiado, cualquier cosa que esto haya significado. De ahí resultaron expulsados seis estudiantes ( La Jornada, 6/2/13), y dos profesores (o que se presentaron como tales) declararon que esas expulsiones fueron una reprimenda a quienes se han opuesto a la actualización del CCH fundado en 1971. Lo que no dijeron es que esta actualización está planteada en 12 puntos para que, después de un largo debate, sean revisados en noviembre de este año.

Los famosos 12 puntos son (sintetizo): 1) redefinir el perfil del egresado y 2) actualizar los programas de estudios, que ya habían sido revisados en 1996; 3) formar y actualizar a los profesores; 4) impartir educación física, 5) inglés en los tres años y 6) francés como segunda lengua (optativa); 7) seleccionar materias en un esquema preferencial (cinco materias: tres obligatorias por interés vocacional y dos optativas de otras áreas); 8) horario continuo en dos turnos; 9) clases de una hora 50 minutos; 10) recursamientos mediante cursos en línea y tutoriales, y recursamientos presenciales para los alumnos que los deseen; 11) cursos en línea en apoyo a los ordinarios, y 12) fortalecer el Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM de segundo a sexto semestre.

Si los actuales alumnos del CCH conocieran la historia de su dependencia sabrían que ésta, en la idea del rector Pablo González Casanova, aspiraba a ser un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional con nuevos métodos de enseñanza (las cursivas son mías). Nunca se dijo que su plan de estudios sería único y permanente, pues hubiera sido un contrasentido. En los 42 años de existencia el CCH, como cualquier dependencia de educación, debe sufrir cambios y adecuaciones, pues la realidad circundante también cambia.

Otro punto a debate tiene que ver con el concepto de autonomía. Ésta, para que se entienda bien, no quiere decir extraterritorialidad, como si se tratara de la embajada de un país. No es común que las policías preventiva o judicial ingresen a las instalaciones de la UNAM y, en general, no es bien visto por su comunidad. Pero esto no quiere decir que ante actos delictivos no pueda entrar a solicitud de las autoridades universitarias, entre las cuales están los directores de las dependencias. Lo del ingreso de la antigua PFP en febrero de 2000, como ya lo escribí en su momento (20/4/2000), no fue legal, dado que la Ley de la PFP establecía que sólo podría intervenir en instalaciones dependientes de la Federación, que no era ni es el caso de la UNAM.

Cuando el 6 de febrero supuestos estudiantes tomaron la dirección general del CCH, lo hicieron con violencia, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario y, además, sustrajeron equipos y materiales de trabajo de ese plantel. Esto, que configura varios delitos, fue denunciado ante el Ministerio Público. Los presuntos estudiantes no aceptaron el diálogo con las autoridades pero sí insistieron en eliminar los 12 puntos ya mencionados, que fueran readmitidos los seis alumnos expulsados del plantel Naucalpan del CCH y que se retiraran las denuncias penales contra otros cinco. En otras palabras, los aparentes estudiantes cometieron una serie de ilícitos para que las autoridades se desistieran de las denuncias de previos ilícitos. En buena lógica es un absurdo, además de una provocación. La intención de diálogo no se vio del lado de los supuestos estudiantes; otro tipo de intereses pareció ser el móvil de sus acciones.

Más recientemente, el viernes pasado, un grupo de supuestos estudiantes (no todos de la UNAM) se desprendió de una marcha estudiantil y después de romper algunos vidrios se metieron al edificio de rectoría. Una vez más violencia innecesaria pues, según las notas periodísticas, en ningún momento antes de la irrupción a rectoría los presuntos estudiantes intentaron dialogar con alguna autoridad universitaria. Más bien, ya adentro, fue cuando declararon que no entregarían el edificio si no se cumplían por lo menos tres puntos de su pliego de demandas: no represalias por haber tomado rectoría, desistimiento total de las autoridades sobre las demandas ante el Ministerio Público y reinstalación de los expulsados. Es decir, lo mismo que argumentaron cuando tomaron la dirección general del CCH. Los otros cuatro puntos son todavía más cuestionables: consulta amplia y participativa para la reforma de los CCH, cosa que está planteada desde el principio para concluir en noviembre; que se repudie la violación de la autonomía (que no fue tal pues, como ya dije, autonomía no es extraterritorialidad); que desaparezca el Tribunal Universitario, que es la instancia legal para sancionar a los universitarios –estudiantes o académicos– que cometan faltas graves contra la institución o sus miembros (existe, además, la Defensoría de los Derechos Universitarios), y que se sancione a los responsables de los hechos del primero y 5 de febrero en Naucalpan (¿autogol o inculpación de las autoridades del CCH?).

En otros términos, lo que exigen los supuestos estudiantes es quedar impunes de los ilícitos cometidos. Una demanda válida, si se quiere verla con buenos ojos, pero que está sugiriendo una situación de privilegio que ellos mismos no aceptarían para un grupo de vándalos o el vecino que asaltaran sus casas con lujo de violencia.

Varios de mis lectores se preguntarán por qué no protesté por la toma de rectoría de la UACM el 28 de agosto del año pasado. Me adelanto a responder: porque la ex rectora y sus paniaguados no respetaron el voto y la instalación del tercer Consejo Universitario como correspondía legalmente. Hicieron trampas y se aferraron a sus cargos de manera enfermiza. El rector de la UNAM no ha cometido atropellos semejantes ni ha actuado al margen de la legislación universitaria. Son dos situaciones y dos personas totalmente distintas. rodriguezaraujo.unam.mx